El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha denunciado que la embajada y los consulados de España en Marruecos «eluden» tramitar solicitudes de protección internacional cuando lo solicitan personas extranjeras con nacionalidad distinta de la marroquí, a pesar de lo que establece la ley, según la interpretación del Tribunal Supremo.
Así lo afirma en su último informe, titulado ‘Donde habita el olvido’ y presentado este lunes en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid, en el que denuncia que en la frontera sur «la voluntad de eficacia en el control deja en el olvido al Derecho y a los derechos humanos».
El SJM apunta en el documento, basado en el trabajo del equipo en Melilla, que es «casi imposible» acceder a las oficinas de asilo en las dependencias policiales de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Según precisa, una vez reabiertos los pasos fronterizos de Melilla, la oficina de asilo en las dependencias policiales de Beni Enzar es «inaccesible desde los puestos de control marroquíes para quienes carecen de la documentación requerida: marroquíes sin visado Schengen ni autorización como trabajadores transfronterizos, así como para extranjeros de terceros Estados sin visado Schengen».
«Desde la apertura parcial de los puestos fronterizos en mayo de 2022, si alguien que tiene un visado Shengen, una autorización de trabajo transfronteriza por la razón que sea entiende que necesita protección internacional en España puede solicitarla, pero solamente esas personas, las que tengan una autorización de residencia en cualquier país europeo o visado Shengen, pero esto no ha sucedido. La comisaria de DDHH del Consejo de Europa, en su reciente visita a Melilla, constató que nadie ha solicitado protección internacional desde la apertura de los puestos hasta ahora», ha explicado el coordinador del área Frontera Sur en el SJM y autor del informe, Josep Buades, durante la presentación del informe.
Así, el documento señala que, en la práctica, solo acceden quienes hayan entrado en Melilla fuera de los pasos habilitados a tal efecto: saltando las vallas, nadando o a bordo de una embarcación y, por tanto, según precisa el SJM, «arriesgando la vida o la integridad física, exponiéndose a ser devueltos sumariamente a territorio marroquí».
MENOS SALTOS A LA VALLA EN 2021 Y 2022 En este sentido, el documento revela que en 2021 y 2022 han disminuido «notablemente» los saltos de las vallas, reforzadas en lo alto con peines invertidos. También ha contribuido a este hecho la creación de un segundo foso en zona marroquí en el verano de 2022, según precisan.
Asimismo, el SJM muestra su preocupación por los testimonios de «violencia policial» en los rechazos en frontera practicados desde las vallas (desde 2021) y de devoluciones sumarias en las aguas contiguas a Melilla.
El SJM denuncia que «los obstáculos en la frontera terrestre y los medios de contención tienen carácter lesivo, según los testimonios de heridas provocadas por las concertinas en las vallas marroquíes».
También aparecen reflejados en el informe: «descalabros por apedreamiento desde el lado marroquí, fracturas por caídas desde lo alto de las vallas de quienes quedan aturdidos por los gases lanzados desde los lados español y marroquí».
RECHAZOS EN FRONTERA EL 24 DE JUNIO Según el SJM, el objetivo político de impedir a toda costa los cruces de la frontera fuera de los puestos habilitados se traduce en el «uso desproporcionado de la fuerza» por parte de las Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes, «provocando situaciones como la del 24 de junio de 2022, cuando perdieron la vida al menos 23 personas y más de 70 continúan desaparecidas».
«Es sumamente preocupante que el ministro del Interior criminalice a migrantes y solicitantes de protección para justificar este tipo de actuaciones. La gravedad de los hechos requiere una investigación pormenorizada y medidas que prevengan futuras tragedias, garantizando los derechos humanos en la frontera», subraya el SJM.
Además, el SJM denuncia que los «470 rechazos en frontera practicados» el 24 de junio «no cumplieron las previsiones legales nacionales e internacionales de protección internacional y garantía de otros derechos humanos». Según subraya, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían la responsabilidad de evitar la tragedia, abriendo las puertas si era preciso; y, producida la avalancha, atender a los heridos.
ABUSO DEL PROCEDIMIENTO EN FRONTERA Respecto a quienes consiguen entrar en Melilla y pueden solicitar protección internacional, el SJM pone de manifiesto que «muchas veces se encuentra con vicios en la tramitación: abuso del procedimiento en frontera, entrevistas someras, defectos en la asistencia letrada y en la interpretación».
El informe también precisa que a partir de 2021 la Policía no impide el embarque rumbo a la Península delos solicitantes de protección documentados, una vez admitida a trámite su solicitud.
Otros problemas específicos que el SJM ha detectado en Melilla son: en el CETI, las privaciones de libertad sin base legal bajo capa de cuarentena, casos de asistencia sanitaria deficiente, la inadecuación para personas con perfiles de vulnerabilidad (también en los centros de menores), la aplicación de un derecho sancionador ‘sui generis’; problemas para probar relaciones paternofiliales y de parentesco, así como cuestiones laborales.
