La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha presentado este lunes una denuncia constitucional contra el expresidente del país Pedro Castillo ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
La denuncia alcanza no solo a Castillo, sino a la que fuera primera ministra, Betssy Chávez; su predecesor en el cargo, Aníbal Torres; el que fuera ministro del Interior, Willy Huerta, y su homólogo de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, tal y como adelanta la emisora peruana RPP.
El documento presentado por Benavides señala a Castillo como «presunto coautor» de un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en forma de rebelión, así como de otro delito contra la Administración Pública por abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
En el caso de Chávez, Huerta y Sánchez, la fiscal de la nación la señala como presunto coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en modalidad de rebelión y conspiración.
Según el Código Penal peruano, el expresidente Castillo podría ser sentenciado con una pena de entre diez y 20 años de prisión, tal y como recoge la agencia de noticias Andina.
El Congreso de la República ha retirado este mismo lunes el fuero especial al expresidente Castillo, levantando por tanto la prerrogativa de antejuicio político de la que gozaba hasta ahora el mandatario andino.
Castillo anunció el miércoles pasado la disolución del Parlamento –para evitar una moción de censura en su contra– y la puesta en marcha de un Gobierno de excepción. Las medidas no obtuvieron el respaldo necesario para seguir adelante y, finalmente, el mandatario acabó destituido y detenido por la Fiscalía.
Tras este episodio, la que hasta el momento había sido su ‘número dos’, Dina Boluarte, fue nombrada presidenta de Perú. Esta decisión ha despertado malestar entre ciertos sectores de la población, que han protagonizado manifestaciones en contra.
