La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha convocado para este miércoles una concentración, por primera vez en su historia, ante la puerta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para protestar contra el acuerdo alcanzado entre algunas organizaciones sindicales y Función Pública para flexibilizar las pruebas de acceso de promoción interna.
El presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Ana de la Herrán, respectivamente, harán entrega en el Ministerio de las 1.500 firmas recabadas entre el colectivo de inspectores de Hacienda del Estado, expresando su total oposición a unos cambios que, según advierten, van a suponer «el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una Función Pública».
Bajo el lema ‘En defensa de lo público: Por una Administración cualificada y no politizada’, los miembros del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, que estarán apoyados por miembros de otros cuerpos superiores de la Administración, llevarán a cabo esta protesta para exigir la retirada de este acuerdo firmado con los sindicatos.
Según denuncian, no se han tenido en cuenta las propuestas de los inspectores para llevar a cabo esta reforma del sistema y consideran que el acuerdo supondrá una merma sustancial en la preparación de los futuros funcionarios públicos y la introducción de «criterios discrecionales y de subjetividad» a la hora de su evaluación.
El acuerdo entre Función Pública y los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT implica que los exámenes para la promoción interna serán tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y habrá menos temario «para evitar que las plazas se queden sin cubrir», según esgrimían los firmantes.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ya ha avanzado que recurrirá ante los tribunales estos cambios acordados entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF para flexibilizar las pruebas de promoción interna y reformar el sistema de oposición.
«SUPONE UN PERJUICIO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS»
Los inspectores consideran que la reforma de las oposiciones tal como se ha planteado es una «falta de respeto y una injusticia» para los candidatos preparados y supone un perjuicio para los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. «Esto es el primer paso, después vendrá la flexibilización en el turno libre», ha alertado Ransés Pérez.
La asociación ha señalado que el problema del acuerdo no solo está en el proceso sino también en el contenido, ya que se rebaja el nivel de conocimientos necesarios para acceder en la promoción. En opinión de Ransés Pérez, la reforma podría alentar a los opositores a no presentarse al nivel A1, sino acceder a una escala inferior y después ascender a través del «sencillo» nuevo método.
