Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF y organizaciones ambientales y sociales aragonesas se han manifestado este martes ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para exigir al Gobierno que paralice la financiación con fondos europeos del proyecto de unión de las estaciones de esquí de Candanchú, Astún y Formigal, en el pirineo aragonés.
Las ONG, que han entregado una carta al Ministerio con su solicitud, están dispuestas a denunciar el proyecto ante el departamento de Transición Ecológica y ante la Unión Europea por uso indebido de los fondos europeos.
En concreto, denuncian que este proyecto es contrario a los escenarios de cambio climático y provocará graves consecuencias sobre los hábitat de uno de los lugares singulares de los hábitat de montaña por lo que incumple el principio de no hacer daño significativo al medio ambiente. Por ello, advierten de que el proyecto no puede ser financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La unión de las estaciones incluye una infraestructura valorada en más de 60 millones de euros que se costearían con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que distribuye el Ministerio que a finales de noviembre anunció 33 millones de euros para Planes de Sostenibilidad Turística en Aragón ligados al PRTR.
Las ONG califican así de «incoherencia» que se financien ambos proyectos contrarios con los mismos fondos y alertan de que de materializarse el proyecto, se generarán graves impactos ambientales a los ecosistemas, que ya están en una situación muy delicada.* En ese sentido, destacan que el proyecto ignora las predicciones del Observatorio Pirenaico para el Cambio Climático, que advierten que sostener las estaciones de esquí supone incrementar la apuesta por la innivación artificial, lo que pone en riesgo los humedales de la zona y conlleva un aumento del consumo de energía.
Así, avisan al departamento que dirige Reyes Maroto de que de seguir adelante con la financiación del proyecto recurrirán al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que debe garantizar el principio de no provocar daños ambientales, así como a denunciar el proyecto ante la UE por uso inadecuado de los fondos europeos.
Con todo, las organizaciones ecologistas demandan a la ministra Reyes Maroto que se pronuncie en contra de la financiación de la unión de estaciones de esquí y que inste al Gobierno de Aragón a paralizar este proyecto «tan insostenible».
