La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado este miércoles que el Gobierno está trabajando en un proyecto piloto para analizar si se puede establecer alguna obligación de servicio público en alguna de las rutas entre Canarias y la Península, y, de este modo, establecer una tarifa máxima ante la subida de los precios.
Así se lo ha dicho a la diputada de Coalición Canaria María Fernández durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la ministra ha explicado que el Gobierno está analizando esta posibilidad por el incremento de los precios.
En cualquier caso, ha advertido que el establecimiento de una tarifa máxima solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público y que «puede tener efectos indeseados que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes».
Por ello, ha apelado a la cautela a la hora de valorar y analizar bien la posibilidad de establecer esta tarifa máxima a través del servicio público, aunque la ministra ha insistido en que se tomarán «medidas concretas».
Por su parte, la diputada canaria se ha quejado ante la ministra del incremento de las tarifas en los vuelos entre el archipiélago y la Península, denunciando que, con la bonificación del 75% para los residentes, «el dinero público se está tirando a la basura, o aún peor, está yendo a la cuenta de resultados de grandes aerolíneas».
«Esta subida de precios no la explica la guerra de Putin, es obligación del gobierno. Empieza a ser frustrante que tengamos que explicar al PSOE que esto va de justicia social, que es una medida para que la gente que vive en un territorio ultraperiférico tenga las mismas oportunidades», ha proclamado la diputada de Coalición Canaria.
