El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negado este miércoles que la modificación del delito de malversación en el marco de la reforma del Código Penal pueda servir para criminalizar la organización de la consulta del 9N de 2014, por la que no hubo condenas por malversación.
Lo ha dicho en la sesión de control en el Parlament en respuesta al presidente de Junts en la Cámara, Albert Batet, que ha acusado a ERC de «abrir la puerta a que el 9N pueda ser considerado un delito de malversación».
«Vamos hacia atrás», ha criticado Batet, mientras que Aragonès ha contestado que la reforma del Código Penal de 2015 se hizo precisamente para que el 9N pudiera ser considerado malversación, algo que se revierte con los cambios actuales, según él.
CONTRA «LAS SOLUCIONES PERSONALES»
Batet también ha reprochado a ERC pactar soluciones personales y rebajas de penas que no sirven para avanzar en el proceso independentista: «Hicimos el 1-O no para ser perdonados, sino para ser independientes».
Aragonès ha lamentado que, desde Junts, se haya criticado la negociación con el Gobierno desde un primer momento, ha negado que se hayan pactado soluciones individuales y ha pedido no jugar a «dividir entre represaliados de primera y de segunda».
«Es evidente que en los pactos no llegamos a conseguir todo lo que querríamos, pero en una negociación no se puede ganar diez a cero», ha añadido el presidente, que ha insistido en que se demostrará que los acuerdos alcanzados tienen sentido.
«ANSIAS DE PODER» DE SÁNCHEZ El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afeado al Govern «aprovecharse de las ansias de poder» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para derogar la sedición y reformar el delito de malversación.
«Es uno de los delitos que cometieron y que ahora quieren reinventar», ha afirmado el diputado naranja, que ha insistido en que, con estas reformas, Sánchez degrada la calidad democrática de España, según él.
En su turno de réplica, Aragonès ha defendido la negociación llevada a cabo por ERC para reformar el Código Penal, ya que cree que el actual tiene «una gran capacidad de arbitrariedad para perseguir la disidencia política».
