El Ministerio de Justicia ha advertido este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Arandina no está sentando jurisprudencia y que el texto insiste en que la aplicación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley ‘solo sí es sí’, hay que estudiarlo «caso a caso». Por su parte, Igualdad insiste en que con la nueva norma, la víctima tiene mayor protección.
El departamento que dirige Pilar Llop ha incidido en que, a la espera de estudiar al detalle las 160 páginas que forman la sentencia, con la Ley ‘solo sí es sí’ la regulación es distinta y se cambia el modelo, de manera que en algunos casos la regulación actual es más beneficiosa que con la ley anterior y, en otros casos, no.
«En algunos supuestos permitirá una sentencia menor, y en otros se podrá producir más pena que antes. Por eso es importante ver caso por caso», ha apuntado, antes de indicar que, «ayer mismo el Supremo entendió en otro caso que no era necesaria revisión de sentencia».
Justicia ha señalado que, precisamente porque tenía conocimiento de que la situación era así, se decidió redactar la enmienda transaccional que pudiera ir en la ley de reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso. «Para aclarar el espíritu del legislador y del propio Gobierno a la hora de interpretar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, entendiendo que este criterio podría ayudar a todos los operadores jurídicos a entender cuál era la intención del legislador», ha apuntado.
Del mismo modo, ha recordado que la jurisprudencia «se forma por varias sentencias del TS», en concreto, «de dos en adelante» y, además, en sentencias que «se apliquen al mismo supuesto». Es por eso que el Ministerio no puede decir ahora que «haya jurisprudencia firme, solo pronunciamientos puntuales». «Habrá estar pendientes y estudiar las sentencias, empezando por la del caso Arandina», ha declarado Justicia.
Mientras, fuentes del Ministerio de Igualdad destacan que el Supremo eleva las penas de los agresores de la Arandina a 9 años y sube a 14 años la pena de inhabilitación para trabajar con menores de edad. Según destacan, esta última pena que se duplica y, por tanto, constituye una protección más efectiva que la prisión, no solo para la víctima de este caso, sino para las víctimas en general.
Las mismas fuentes ponen en relieve que la horquilla de penas empleada en la sentencia no ha sido 12,5 a 15 años, como establece la Ley del ‘solo sí es sí’ para agresión sexual con penetración y grupal (2 o más agresores) porque se ha desestimado la intimidación ambiental, que sí apreció la Audiencia Provincial de Burgos pero que modificó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
También destacan que el Gobierno ha facilitado la interpretación de la nueva norma y que seguirá trabajando en su implementación para proteger los derechos de las mujeres víctimas, especialmente que puedan acceder a la atención psicológica y el acompañamiento jurídico especializado sin necesidad de poner denuncia.
