El PSOE ha dado un paso más este miércoles en su reforma legal para poder desalojar ‘okupas’ en 48 horas en caso de allanamiento de morada, pero ha introducido una salvedad para tomar medidas de protección especial cuando haya afectadas personas en riesgo de exclusión social.
Inicialmente, el PSOE aprovechó la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa de la justicia para presentar en septiembre dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas y que los jurados populares dejen de ocuparse de los casos de allanamiento de morada.
En aquellas enmiendas, recogidas por Europa Press, lo que planteaba el PSOE era una modificación de artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que en los casos de «allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena» el juez o tribunal pueda «acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de la parte legítima o desde la remisión del atestado policial».
Todo ello «sin necesidad de la presentación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble».
Y en el caso de que los ocupantes fueran menores o personas en riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad, el PSOE proponía que, acordado el desalojo, un juez o un tribunal lo comunique «inmediatamente» a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores, así como a la Fiscalía.
Esas enmiendas, defendidas por Patxi López, fueron muy criticadas por Unidas Podemos, que acusó a los socialistas de estar «descentrados» y les recordó que «no gobiernan con el PP».
Pero el PSOE ha continuado adelante y este jueves, en la ponencia de la cita ley de Justicia, ha ofrecido un acuerdo al PDeCAT abundando en los desalojos de 48 horas.
Según la última redacción de los socialistas, a la que ha tenido acceso Europa Press, se incide en la agilización de los desahucios en esos casos de allanamiento: «En los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble», se reafirma.
Pero se matiza más la regulación cuando los inquilinos son personas en situación de vulnerabilidad o hay menores: «Cuando con motivo de la adopción y ejecución del desalojo al que alude el apartado primero se pusiera de manifiesto la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, el juez o tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores así como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias», precisa.
