El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha solicitado apartar al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, de la deliberación del recurso del PP donde se pide paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma sobre el propio TC, al considerar que tienen un conflicto de interés porque, de aprobarse dicha reforma, serían sustituidos por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los ‘morados’ explican que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «es causa de abstención y, en su caso, de recusación ‘tener interés directo o indirecto en el pleito o causa'».
Y en este caso, señalan, «los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales».
Cabe recordar que González-Trevijano y Narvaéz son dos de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones –el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares– fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Si la proposición de ley fuera aprobada con dichas enmiendas permitiría que los dos candidatos nombrados ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez –el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campos y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– tomaran posesión de sus puestos, reemplazando a González-Trevijano y a Narváez, aunque el CGPJ no haya designado a sus dos aspirantes.
Cabe recordar que PSOE y Unidas Podemos introdujeron las referidas enmiendas después de que las negociaciones en el seno del CGPJ para nombrar a sus dos candidatos al TC encallaran el pasado 2 de diciembre, debido al veto tácito del bloque conservador al nominado por los vocales progresistas –el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés– y a la negativa de estos últimos a volver a engordar su lista de aspirantes (que llegó a contar con nueve).
A raíz de este movimiento parlamentario, el ala progresista del CGPJ aboga ahora por esperar a que el nuevo sistema se apruebe en las Cortes Generales para votar ya con él, mientras que el sector conservador ha lanzado dos candidatos –los también magistrados del TS César Tolosa y Pablo Lucas– para intentar eludir esta reforma, en lo que supone un intercambio de roles respecto a las posiciones que las dos corrientes del CGPJ mantenían hasta ahora.
SOLICITA NO SUSPENDER Además, en la misma línea del escrito presentado por el grupo parlamentario socialista, Unidas Podemos ha reclamado no suspender la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, alegando que eso impediría «que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular».
«Indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos a través de sus representantes», advierte, subrayando que «una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde».
En una rueda de prensa, Asens ha sostenido que la actuación del TC es un «amenaza a la democracia» con magistrados afines del PP «atrincherados», por lo que ha confiado en que no se «consume» lo que ve como un golpe de Estado suspendiendo cautelarmente la proposición de ley.
