La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que puede quedar aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, «desregula y fragmenta» el sistema universitario porque concede a los centros y comunidades autónomas la capacidad de decidir en la gobernanza, el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral o las acreditaciones.
Además, el sindicato ha criticado que el Ministerio de Universidades, las comunidades autónomas y las propias universidades tendrán que habilitar un «muy largo periodo de adaptabilidad» a través de decretos y reglamentos, lo que, a su juicio, «demorará la puesta en marcha de medidas necesarias que no admiten más dilación, como la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas».
CSIF ha lamentado que, durante la tramitación del texto, «se haya desviado la atención» hacia temas como el derecho al paro académico, los colegios mayores, el fomento de lenguas cooficiales o quien puede ser rector, en lugar de priorizar en «asuntos vitales para el sistema universitario español, como la financiación, la carrera académica, la precariedad de las plantillas o la conexión entre sociedad y economía».
También ha incidido en que los grupos parlamentarios han obviado las enmiendas que les trasladó para «mejorar» la redacción de la LOSU, aunque el sindicato confía en que se retomen cuando la nueva norma continúe su tramitación en el Senado.
Algunas de estas enmiendas piden la mejora y actualización del «desfasado» sistema retributivo del Personal Docente e Investigador (PDI) con el incremento de los niveles profesionales, el aumento de 120 a 180 el número máximo de horas lectivas que el profesorado asociado pueda impartir por curso académico y el aumento de la financiación pública universitaria del 0,8 por ciento actual del PIB al 1,5 por ciento, «más acorde» con la media de la Unión Europea, entre otras.
Por último, CSIF ha recordado que la LOSU «carece» de Memoria Económica y de cualquier detalle sobre su financiación por lo que, al carecer de financiación estatal, «serían las comunidades autónomas las que sufraguen los gastos aumentando así su deuda».
Fuente: (EUROPA PRESS)
