WWF ha criticado la postura adoptada por los Estados miembros de la Unión Europea sobre la revisión de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente y ha lamentado que «pretenden rebajar las penas por los delitos contra la naturaleza».
A juicio de la ONG, las penas máximas de prisión acordadas por los ministros de Justicia son «demasiado bajas» para disuadir estos delitos. Por ejemplo, indica que la pena baja de 4 a 3 años de prisión por delitos contra la vida silvestre respecto a lo propuesto por la Comisión Europea.
WWF avisa de que «unas penas tan bajas provocan que no se dediquen recursos suficientes para la persecución de estos delitos, y que no se autoricen métodos de investigación, como escuchas telefónicas o registros domiciliarios, que sí se usan en otros crímenes considerados graves».
También opina que la posición de los Estados miembros de la UE «debilita» las medidas para ayudar a las autoridades competentes en la lucha contra los delitos ambientales «como la supresión de la necesidad de que todos los Estados miembros protejan a las personas que denuncien delitos o ayuden en las investigaciones».
En todo caso, WWF, junto a las organizaciones Birdlife, Born Free, EEB, IFAW, Eurogroup for Animals y Humane Society International, considera que es «positivo» que los Estados miembros propongan duplicar la lista de delitos establecida en la Directiva anterior, y también que reconozcan la necesidad de recursos, formación, prevención y mejora de la coordinación entre las autoridades nacionales competentes.
Por todo ello, la ONG pide al Parlamento Europeo que adopte ahora «una posición progresista», que aborde los «puntos débiles» de la posición del Consejo y que tenga en cuenta los informes de opinión elaborados por las comisiones parlamentarias.
«Nos decepciona ver los bajos niveles de ambición en lo que respecta a la armonización de las sanciones, así como un debilitamiento de elementos como las estrategias nacionales y la notificación de datos. Ambas cosas podrían dar lugar a focos regionales de delitos contra el medio ambiente dentro de la Unión Europea. Corresponde ahora al Parlamento Europeo subsanar las deficiencias de la posición del Consejo y presionar para que se incluyan disposiciones fundamentales», ha declarado la gestora del proyecto SWiPE, Roselina Stoeva.
Atendiendo al caso de España, WWF señala que la actual reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, que sigue en tramitación parlamentaria, es «una oportunidad única para reforzar la lucha frente a los crímenes contra la fauna salvaje».
Por este motivo, WWF España ha seguido este proceso y ha propuesto diversas enmiendas. Aunque la caza o el tráfico ilegal de especies protegidas ya son delitos, la ONG recuerda que, hasta la fecha, ningún condenado ha tenido pena de cárcel, «incluso en casos tan graves como el envenenamiento masivo de especies protegidas».
Entre las propuestas, WWF España reclama aumentar las penas, para que estos crímenes que destruyen la biodiversidad no queden impunes.
Fuente: (EUROPA PRESS)
