El Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española de Banca (AEB) han suscrito este lunes un convenio de colaboración que tiene como objetivo fomentar y promover la información y formación de los consumidores en materia de educación financiera, acceso digital a los servicios bancarios y ciberseguridad.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado hoy con la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, este acuerdo que, además, servirá para la formación de la ciudadanía en el uso y acceso a los servicios digitales municipales, recoge el consistorio en un comunicado.
Ambos han estado acompañados por el delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, y el director general de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España, Alberto Ríos, así como por representantes de diversas asociaciones de consumidores.
Almeida ha recordado que los ayuntamientos «son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, aquellas en las que depositan más confianza», por lo que ha destacado la importancia de este convenio «que va a permitir llegar a todos los colectivos que se puedan sentir más alejados de las oportunidades que ofrecen las entidades financieras en el ámbito digital».
El alcalde ha asegurado que, en ocasiones, «los ciudadanos desconocen qué tipo de operaciones digitales se pueden llevar a cabo y las condiciones de seguridad que ofrecen» y se ha mostrado confiado en que, con este convenio, se va «a despejar muchas dudas y se va a seguir avanzando en la transformación digital de la ciudad».
Las acciones que incluye el convenio se concretarán, especialmente, en campañas de sensibilización y concienciación y en la colaboración a la hora de elaborar material divulgativo, todo ello con el fin de formar a una ciudadanía más consciente, segura y crítica en sus relaciones tecnológicas, aspectos fundamentales para evitar posibles fraudes. Además, estas iniciativas favorecerán el intercambio de información entre el Ayuntamiento y la AEB, asociación profesional que engloba a bancos españoles y extranjeros que operan en España.
La suscripción de este convenio supone una medida de protección de la población en general, pero especialmente para aquellos sectores más sensibles y vulnerables como son las personas mayores, para las que el uso de las nuevas tecnologías pueda implicar una situación de exclusión social.
Fuente: (EUROPA PRESS)
