La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha afrontado este miércoles las conclusiones del juicio correspondiente a la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, relativa a los préstamos por importe de 716.000 euros concedidos por dicha sociedad a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), destinada a funcionar como portal de ferias virtuales.
El juicio, recordémoslo, se ha dirigido contra los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, toda vez que Pérez-Sauquillo ha sido condenado anteriormente a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad, a tres años de cárcel por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.
También figuraban entre los acusados los que fueran consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, otrora director de finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la que dependía Invercaria; la exsecretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro Aramberri, condenada ya por las ayudas a Cedes Electria; el exdirector de Inversiones Estratégicas de IDEA Bienvenido Martínez; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete; el exconsejero de Invercaria Ramón Martín López; el exdirector financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido y Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del expresidente de Invercaria.
Igualmente, en el banquillo de los acusados se han sentado el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill, sumando todos ellos un total de 12 inculpados.
FASE DE CONCLUSIONES Después de que este juicio comenzase a finales de septiembre, en esta fase de conclusiones de las partes, el fiscal del caso y el PP andaluz como acusación popular han anunciado modificaciones sustanciales de sus escritos iniciales de acusación, a las que se ha adherido parcialmente la representación de IDEA como acusación particular.
Más al detalle, la Fiscalía ha retirado su acusación por los delitos de trafico de influencia, negociaciones prohibidas a funcionarios y delito de negocio simulado, calificando los hechos enjuiciados exclusivamente como dos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
Fruto de ello, la Fiscalía ha retirado su acusación respecto a la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz, defendida por el letrado Adolfo Cuéllar; y los exconsejeros de la entidad Ramón Martín López, defendido por el abogado Juan Carlos Alférez, de Constitución 23; y Juan Vela, defendido por Antonio Uceda.
En ese marco, el PP andaluz, como acusación popular en esta causa, ha anunciado la retirada de su acusación respecto a la mayoría de los acusados, incluyendo en ello a Laura Gómiz pero no a Ramón Martín y Juan Vela.
LA DOCTRINA «BOTÍN»
Pero dado que la representación de la agencia IDEA, como acusación particular en el procedimiento, se adhirió parcialmente a la posición de la Fiscalía con la retirada de la acusación contra Ramón Martín y Juan Vela, el abogado Juan Carlos Alférez ha invocado ‘in voce’ la «doctrina Botín», que determina que cuando la Fiscalía y la acusación particular no ejercen acusación, no puede hacerlo en solitario la acusación popular, como sucedía en este caso con el PP-A.
Ante ello, el abogado del PP, Wenceslao Moreno, ha reconocido que procedía la aplicación de dicha doctrina, retirando así su acusación contra Martín y Juan Vela, tras lo cual ambos dos, junto con Laura Gómiz, han quedado libres de cargo alguno y han quedado «fuera» del procedimiento judicial, según el tribunal. En el caso de la expresidenta de Invercaria, era la última pieza en la que persistían cargos en su contra, con lo que ya está exenta de toda acusación en esta macrocausa.
Inicialmente, recordémoslo, la Fiscalía reclamaba seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación para Laura Gómiz por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.
La acusación del PP andaluz, así, ha quedado reducida en esta fase de conclusiones a Tomás Pérez-Sauquillo y los representantes de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill.
La Fiscalía también ha retirado parcialmente su acusación contra Jacinto Cañete y Bienvenido Martínez, defendidos también por Juan Carlos Alférez de Constitución 23; e Isabel de Haro, cuyo abogado es abogado Manuel Garrido; reclamando para cada uno de ellos cuatro años y tres días de prisión y diez años y tres días de inhabilitación, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación agravada, pesando en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas.
Fuente: (EUROPA PRESS)
