Las familias de las dos mujeres españolas casadas con yihadistas que han sido repatriadas a España desde campos de refugiados en Siria confían en lograr el «acogimiento temporal» de los menores después de que los servicios sociales de la Comunidad de Madrid realicen la identificación de los niños.
El abogado de las familias, José Luis Laso, ha explicado este jueves en una rueda de prensa a la que han acudido los padres de las mujeres y el eurodiputado Javier Nart que el equipo de protección de menores todavía tiene que acreditar la filiación de los 4 hijos de Yolanda Martínez, y los 5 de Luna Fernández. La administración además, tiene que realizar los trámites correspondientes con los otros 4 menores a cargo de la propia Luna.
«En algunos casos no hay problema porque algunos nacieron aquí y tienen DNI, pero otros no tienen documentación. A la hora de fijar quién es el familiar más cercano con el que pueda tener una acogida evidentemente no existen esos documentos para poderlo acreditar», ha reconocido el letrado.
«Una vez se disponga de esas pruebas», ha explicado, los servicios sociales tendrán «que valorar quién es el pariente más cercano y si se cumplen las condiciones» para que se hagan cargo de ellos. Estos trámites, no obstante, «van a tardar un tiempo», según ha reconocido.
«Los servicios sociales van a saber y poder ver que son niños normales y que no están adoctrinados. Sí, criados como musulumanes, pero no hay adoctrinamiento yihadista ni nada por el estilo», ha añadido el letrado.
PRISIÓN PROVISIONAL PARA LAS DOS MUJERES Fue este miércoles cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para las dos mujeres, sobre las que pesaba una orden de búsqueda y captura internacional por presuntos delitos de terrorismo.
El magistrado entendía que, con todo, no procedía la suspensión cautelar de la patria potestad de los menores toda vez que al haberse acordado la prisión incondicional de sus madres «no existe el riesgo potencial de continuar con un posible adoctrinamiento de los hijos».
No obstante, el abogado de las familias entiende que la situación de las madres, que se encuentran en prisión, imposibilita que se hagan cargo de sus hijos al menos hasta que se «arregle su situación judicial». «Y entendemos que si todo va bien y se acredita que no tienen responsabilidad penal puedan tener a sus hijos», ha añadido.
En este contexto, Laso también ha expresado su discrepancia con la decisión del juez. «No estamos conformes porque viene a plantear que el hecho de estar en su casa cuidando a sus hijos sin ningún otro tipo de actividad dentro de estructura de Estado Islámico forma parte de estrategia del DAESH respecto a mujeres y que pertenecen a ello», ha lamentado.
A juicio del abogado, los asuntos de sus maridos «no tienen nada que ver con ellas» en tanto que las dos mujeres «no han tenido ningún tipo de actividad» dentro de la organización. «Considerarlas pertenecientes a DAESH me parece absurdo. Entendemos que no tiene sentido», ha apostillado.
SU PADRE NO VIO «NINGUNA COSA» EXTRAÑA En relación a este asunto se ha expresado Luis Martínez, el padre de Yolanda, que ha relatado que hablaba «casi todas las semanas» con su hija cuando esta residía en el campo de Al Roj sin ver «que fuese ninguna cosa». «A lo mejor han reconocido que profesan la religión islámica, pero no tiene que ver una cosa con la otra», ha asegurado.
Por su parte, Mari Yolanda Cobos, la madre de Yolanda, ha explicado que su hija vivió bajo «una carpa de plástico» soportando condiciones climáticas extremas: más de 50 grados en verano y a temperaturas bajo cero en invierno.
«Con goteras, a los niños les entraban víboras, escorpiones y el agua estaba contaminada. Pudieron haber muerto en esas circunstancias. No había comida y no había medicinas. Se rieron de mi hija, que tuvo que ir a un hospital en el que había escasos medicamentos», ha apuntado.
En su intervención, la madre de Yolanda ha criticado que el Gobierno se haya tapado los ojos. «Son ciegos. Hay muchos ciudadanos españoles que maldicen sin saber siquiera lo que esas madres están sufriendo», ha aseverado.
En la misma línea se ha expresado Manuela Grande, la madre de Luna Fernández, que incidió en que el Ejecutivo podría «haberla sacado antes». «Desde el Gobierno no han hecho nada bueno», ha criticado.
CRÍTICAS AL GOBIERNO POR LA TARDANZA Tanto Nart como el abogado de las familias han dado cuenta de cómo se gestó el proceso de repatriación de las dos mujeres y de los, han denunciado, escasos contactos con «un Gobierno que se llama progresista» y que, a juicio del eurodiputado, decidió abandonar durante cuatro años a las madres y sus hijos.
El primer encuentro se habría producido en 2019, cuando el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, «se mostró a favor» del retorno de los menores y de las madres, aunque tuviesen que asumir cuentas pendientes con la Justicia.
Después, los familiares habrían intentado contactar sin ningún éxito con la que fuera responsable de Exteriores Arancha González Laya y con el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «La única respuesta» llegó recientemente, ha señalado Nart, por parte del actual titular de Exteriores: José Manuel Albares.
«Varios expertos veían peligro en repatriar a personas porque se pudiera proceder a atentados contra la autoridad publica. ¿Qué radicalidad puede tener un niño de 1 año que ahora tiene 5, niños que tenían 3 y ahora 7? Uno se pregunta, ¿estos expertos y estos ministerios progresistas qué pensaban?, ¿mantener en un Guantánamo externalizado a estos niños de manera indefinida?», se ha preguntado Nart.
El eurodiputado ha insistido en que hablar de la supuesta «peligrosidad» de esos niños e insinuar que puedan ser futuros delincuentes es «propio de regímenes totalitarios como la Alemania nazi o la Cuba castrista, donde existe la delincuencia predelictiva».
Fuente: (EUROPA PRESS)
