La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que si no cumple «con la legalidad vigente» en torno al servicio de mediación de conflictos laborales, SERLA, el Gobierno tomará las medidas oportunas, que podrían llegar a los tribunales.
Así lo ha señalado Díaz tras reunirse en Valladolid con los secretarios autonómicos de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, así como con la vicepresidenta de la patronal, Ángela de Miguel, para abordar la situación del SERLA, una vez que los presupuestos de la Junta no recogen financiación para su desarrollo.
La vicepresidenta segunda y ministra ha calificado de «muy grave» la decisión de eliminar el SERLA en una comunidad que, ha recordado, es «referente» en diálogo social y que con ella «se fulmina» esta paz social y la posibilidad de cumplir la legislación laboral.
Por tanto, ha advertido de que se trata de «un hecho muy grave de vulneración de derechos de las empresas y de los trabajadores» y de la legislación vigente. Además, ha desmentido las afirmaciones de la Junta de que este servicio de mediación se llevaría a cabo por parte de la Administración autonómica.
«No se puede», ha remarcado, al tiempo que ha recordaro la sentencia del Tribunal Supermio a este respecto. Por eso, ha insistido en pedir a Mañueco que recupere el SERLA «con carácter inmediato» porque «no hay razones de financiación que lo justifiquen».
Así, ha explicado que dentro de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo hay una financiación pública para el favorecimiento de la negociación colectiva, donde Castilla y León recibió el año pasado medio millón de euros «que ni siquiera ha licitado» con lo que causa un grave perjuicio a los castellanoleoneses.
Por eso, ha advertido de que si la Junta no atiende esta petición, el Gobierno tomará las medidas oportunas. «Yo intento negociar todo antes de tomar otras medidaS», ha dicho, pero cuando el diálogo no funciona solo quedan los tribunales.
Fuente: (EUROPA PRESS)
