Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado 24 de enero han asegurado este martes –en el marco de la undécima jornada– que «para recuperar el retraso causado por las dos primeras semanas de huelga será necesarios un mínimo de cuatro meses de trabajo».
El comité de huelga estima en 100.000 los juicios y vistas suspendidos en España desde que empezó el parón. «En Madrid, 12.000», señala en un comunicado emitido este martes, al tiempo que incide en que en dicha comunidad «hay más de 18.000 demandas paradas pendientes de reparto».
Según datos que ha facilitado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la huelga indefinida ha obligado a suspender 2.259 actuaciones procesales en esta comunidad autónoma durante la semana del 30 de enero al 3 de febrero.
Por su parte, las asociaciones convocantes aseguran que «la cuenta de consignaciones judiciales sigue bloqueada» y que hay «350 millones de euros pendientes de entregar como consecuencia de la huelga». «Calculamos en 12 millones de euros los importes de las multas que en ejecución penal se han dejado de ingresar en el tesoro público», añaden.
Así las cosas, los letrados indican que, «en definitiva, la actividad en los juzgados se ha reducido en más de un 60%, y no es superior porque que se están cumpliendo con total responsabilidad los servicios mínimos».
Este martes, las asociaciones de letrados han señalado que el seguimiento en esta undécima jornada ha sido «levemente por encima del 80%», mientras que el Ministerio de Justicia ha cifrado la participación en un 29,22%.
Así, el porcentaje se mantiene con respecto al de ayer lunes, cuando las asociaciones comunicaron también un porcentaje de participación del 80% y el departamento dirigido por Pilar Llop informó de un 29,16%. En las dos semanas que lleva la huelga, los letrados han registrado máximos de 85% y mínimos de 73%; por contra, el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.
AFEAN LAS DECLARACIONES DE LLOP En un comunicado, las tres asociaciones –la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados– hacen referencia a las declaraciones que este martes ha hecho la ministra Llop en una entrevista. «Ha vuelto a mentir diciendo que los letrados no anotan las revisiones de condena», afean los firmantes del comunicado.
Los convocantes de la huelga aseguran que con dichas declaraciones la titular de Justicia «demuestra» que «sigue eludiendo toda responsabilidad por su nefasta gestión, también en cuestiones de gran sensibilidad ciudadana como las consecuencias de las reformas de los delitos contra la libertad sexual». Al hilo, reprochan que prolongue «de forma innecesaria» la huelga de los letrados.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO La huelga indefinida llega a su undécima jornada a raíz del conflicto que tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos». Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida «política» y que estaba «fuera de lugar».
Rodríguez incidió en que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido», puesto que el Ministerio «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.
El pasado viernes, en declaraciones a la prensa en Zaragoza, el secretario de Estado pidió a los LAJ «que se den cuenta del daño que están haciendo» con la huelga que mantienen. Asimismo, consideró que es una «casualidad» que los paros indefinidos se hagan esta semana y en este año, pese a que, según los propios trabajadores «llevan muy cabreados desde 2009».
«El derecho a la huelga está en la Constitución y me parece perfecto, pero se está perjudicando seriamente a los ciudadanos», apuntó Rodríguez, señalando que se están posponiendo citas programadas desde hace meses de bodas o procedimientos abiertos desde hace cuatro o cinco años.
RESPUESTA DESDE EL GOBIERNO Al margen, la pasada semana el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son «una pieza esencial» del Poder Judicial y expresó su «confianza» en que las negociaciones con el Ministerio «puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio».
En una carta remitida a un miembro del comité de huelga, a la que ha tenido acceso Europa Press, López puso en valor el trabajo de los letrados e hizo hincapié en que por ello «el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sólo el pasado 2022, puso en marcha la reforma del complemento específico y dos programas para mejorar las retribuciones de los y las integrantes del cuerpo en materia de entradas y registros, y en materia de sustituciones».
Así se pronunciaron desde Moncloa ante la misiva que tres asociaciones de LAJ enviaron al presidente Pedro Sánchez para pedirle que adoptara las «medidas necesarias» para reconducir el conflicto que mantiene con el Ministerio y evitar la huelga indefinida que comenzó el martes 24 de enero.
Fuente: (EUROPA PRESS)
