El primer denunciante del caso de abusos en Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, ha asegurado que escribió el pasado mes de noviembre de 2022 a todos los partidos políticos españoles para avisarles del error en la Ley de protección a la infancia frente a la violencia, pero no obtuvo respuesta.
Según ha explicado Hurtado a Europa Press, tras quedar bastante «insatisfecho» con la Ley de infancia aprobada en 2021, se puso a trabajar con un equipo de juristas chilenos para analizar la ley española y, durante el proceso, se dieron cuenta del «grave error de redacción jurídico técnico».
Se trata de un error en el redactado del artículo 132, donde se cita dos veces los delitos contra la libertad de los menores con dos plazos temporales de prescripción distintos: en uno se fija que empieza a contar a partir de que la víctima cumpla 18 años y, en otro, a partir de que la víctima cumpla 35 años.
«Llegamos a la conclusión de que teníamos que alertar a los partidos para que lo solucionaran porque podía tener consecuencias muy graves para los acusados y las víctimas», ha indicado Hurtado a Europa Press. «No me contestaron», lamenta.
Por ello, en enero de 2023 decidió poner una queja formal ante el Defensor del Pueblo que está en proceso de investigarla y en febrero lo ha denunciado públicamente a través de los medios, «solicitando que ya que estaban reformando la ley del solo sí es sí, que incluyeran en esa reforma también la reforma de la ley de infancia».
Además, Hurtado ha precisado que ha escrito una segunda vez a todos grupos políticos pero, según señala, solo le ha contestado Esquerra Republicana.
Este martes, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales anunciaron que corregirán la Ley de protección de la Infancia para subsanar una errata detectada en el texto y evitar confusión sobre los plazos de prescripción de delitos contra la libertad de los menores.
POCO, TARDE Y MAL Para Miguel Hurtado, «la postura del Ministerio se puede resumir en el refrán español ‘poco, tarde y mal’.
Aparte del aviso de este error, Hurtado ha explicado que, cuando se puso en contacto con los diferentes partidos políticos, también les advirtió de otras «serias carencias en la regulación de los plazos de prescripción».
En este sentido, ha reclamado que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 45 años, y no 35, e incluso va más allá y pide la «imprescriptibilidad» de los delitos de pederastia.
Asimismo, ha alertado a los grupos del «problema grave» que existe con los abusadores sexuales multi reincidentes, y ha propuesto introducir una norma como la que aprobó Francia en 2021, de forma que cada vez que un agresor sexual reincidente abuse de un niño se interrumpa el plazo de prescripción y se les pueda juzgar por todos los abusos sexuales infantiles y no solo por los más recientes.
Fuente: (EUROPA PRESS)
