La Fiscalía Anticorrupción ha archivado una tercera línea de investigación, de las siete abiertas a raíz de la denuncia presentada el pasado abril por el PP de Madrid por una serie de contratos de emergencia realizados por el Gobierno en relación con la pandemia de coronavirus. En concreto, se trata de las pesquisas por la compra a una empresa de 92 millones de guantes por valor de 9,4 millones de euros.
El decreto, firmado el pasado 1 de febrero por el fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta, y al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda el archivo de la investigación abierta por ’’las eventuales irregularidades que pudieran haber sido cometidas en unos contratos relativos a las adjudicaciones de suministro de material sanitario, relacionados con el COVID-19, realizadas a la sociedad Member of the Tribe por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad’’.
Pastor Motta explica que, en concreto, el contrato versaba sobre la compra de 52 millones de guantes de nitrilo por importe de 5.564.000 euros, en una primera tanda; y de otros 40 millones de guantes de nitrilo, por 3.880.000 euros, en otra tanda.
Asimismo, recuerda que las pesquisas se abrieron tras una denuncia formulada por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, por ’’presuntas irregularidades habidas en contratos de emergencia relacionados con el COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectarían a contratos y a la concesión de subvenciones públicas, resultando un total de 13 los contratos denunciados’’.
Anticorrupción ’’acordó la incoación de siete procedimientos de investigación separados y diferenciados en atención a las empresas supuestamente favorecidas, por considerar que ’el hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador’’’.
El pasado julio, la Fiscalía ya archivó la investigación sobre las ayudas concedidas por el Gobierno a la empresa Industrias Plásticas Playbol, propiedad de los padres del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al no apreciar ’’indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos’’ denunciados por el PP en la Asamblea de Madrid.
Y, en octubre, hizo lo mismo con la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de fondos europeos a Beedigital, una empresa presuntamente vinculada al marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ante la ’’ausencia de indicios’’.
Fuente: (EUROPA PRESS)
