El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha ordenado recabar la información de todos los juzgados españoles sobre la presunta estafa de ‘criptocannabis’ de Juicy Fields, ratificando así su competencia sobre el caso, un supuesto fraude relacionado con el ‘criptocannabis’ que habría dejado miles de afectados en España.
Así lo ha resuelto el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que ha instado a las fuerzas policiales a que le remitan los atestados que hayan enviado sobre Juicy Fields a otros juzgados. A la vez, les dice que se lo comuniquen a esos jueces y les digan que trasladen lo investigado a la Audiencia Nacional.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez designa a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional como «única fuerza actuante» en la investigación.
Gadea, que ya investiga presuntas ‘criptoestafas’ como la de Kuailian, informa de que sobre Juicy Fields se están recibiendo «numerosas querellas, denuncias, atestados y causas judiciales».
En septiembre, el magistrado admitió a trámite una querella colectiva y declaró su competencia para investigarla, apuntando a que la «defraudación afecta a una generalidad de personas» considerable, pudiendo la cuantía estafada «ser de varios millones de euros».
Gadea acordó entonces la práctica de diligencias al apreciar presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida y organización criminal. En este sentido, oficiaba a la unidad policial comisionada para que identifiquen a los presuntos responsables de los delitos denunciados y, atendida la complejidad, aporten los elementos necesarios que permitan valorar la mecánica comisiva denunciada.
E interesaba además que se averigüe la trazabilidad del dinero invertido y el destino y la titularidad de las cuentas, al tiempo que oficiaba a la CNMV para que informe sobre la actividad de la empresa Juicy Fields y si, en su caso, le ha abierto algún expediente.
ALTA RENTABILIDAD Según adelantó ‘El Español’, la compañía, con sede en Suiza, había urdido una supuesta trama defraudatoria con un ‘modus operandi’: permitía a sus clientes invertir hasta 180.000 euros mediante transferencia bancaria o con criptomonedas, una inversión que se destinaba a cultivar plantas de marihuana en diversas partes del mundo, en empresas en teoría autorizadas legalmente para ello.
Al cabo de 108 días supuestamente se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía el dinero invertido con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%. Esa elevada rentabilidad se traducía en presuntos beneficios millonarios para los inversores. Los cientos de inversores podrían entonces, tal y como explica la querella que presentó el despacho Zaballos Abogados, retirar sus beneficios, bien cobrando a través de dinero corriente o en forma de bitcoins.
Los afectados veían cómo fluía su dinero, hasta que todo se frenó en julio. Les llegó un correo electrónico con el cual Juicy Fields paralizaba el acuerdo, alegando una huelga de sus trabajadores. A partir de ahí, el sistema de inversión dejó de funcionar y las cuentas en las que miles de personas habían introducido parte de sus ahorros en busca de rentabilidad desaparecieron junto a su dinero.
Antes de asumir la competencia total del caso, acusaciones como Aránguez Abogados así se lo habían pedido al magistrado Gadea.
