La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión del juez Manuel García Castellón de procesar al ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez por un delito de falsedad electoral en los comicios autonómicos de 2011, en el marco de la pieza número 9 de la macrocausa ’Punica’, donde se investiga la presunta existencia de una ’caja b’ en el PP regional.
En un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación formulado por Gutiérrez contra el auto dictado el 14 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.
En dicha resolución, el instructor propuso juzgar a Gutiérrez y al presunto cabecilla de la ’Púnica’, el ex consejero madrileño Francisco Granados, como principales responsables de la supuesta financiación irregular de esa campaña electoral, además de a otras seis personas, al tiempo que archivó para otras 71, entre ellas los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Gutiérrez alegaba que, de la misma forma que el juez consideró prescritas las presuntas ilegalidades de las campañas de 2007 y 2008, los delitos imputados por los comicios de 2011 están caducados, agarrándose al razonamiento que hizo el propio instructor, el cual estableció que las supuestas irregularidades en esa campaña electoral están prescritas para ’’todas las personas que hayan sido declaradas judicialmente investigadas con posterioridad al 24 de septiembre de 2016’’.
El ex dirigente ’popular’ argumentaba que, aunque García Castellón identificó como fecha clave su comparecencia como investigado del 11 de febrero de 2016, ’’ello no fue así, siendo su primera imputación y declaración judicial por los posibles hechos delictivos relativos a las elecciones del año 2011 el día 13 de marzo de 2017’’.
La Sala fija igualmente que el delito imputado a Gutiérrez por las elecciones de 2011 prescribiría a partir del 24 de septiembre de 2016, coincidiendo asimismo con el magistrado en que el ex gerente madrileño fue citado a declarar formalmente antes de esa fecha mediante una providencia del 11 de febrero de ese año.
Gutiérrez esgrimía que su primera imputación y declaración por los posibles hechos delictivos relativos a 2011 se llevó a cabo con posterioridad, el 13 de marzo de 2017, ya que con anterioridad, en 2016, había sido citado por un delito de blanqueo de capitales.
UNA DISCREPANCIA A DIRIMIR EN EL JUICIO Los magistrados señalan en su resolución que en su declaración ya fue informado sobre los hechos concernientes a la financiación de la campaña electoral e interrogado por eso.
No obstante, indican que ’’esta trascendental discrepancia a la hora de aplicar el instituto de la prescripción ni puede ni debe ser sustraída al debate ante el órgano enjuiciador’’.
Según el relato judicial, aunque la cuenta electoral de 2011 registró unos costes de 2,9 millones de euros –los declarados ante la Cámara de Cuentas–, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.
Fuente: (EUROPA PRESS)
