La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES –presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar– considera que las orientaciones planteadas por la Comisión Europea para reformar las reglas fiscales «hacen dudar de su eficacia» y mantienen el ‘statu quo’ actual, «que se resume en que los incumplimientos serán matizables y el coste de oportunidad de incumplir no será elevado».
«Aun asumiendo que el documento de la Comisión no es más que una propuesta presentada al debate, lo cierto es que incorpora elementos que ya pueden ser sometidos, cuando menos, a la duda razonable sobre su eficacia si quiera potencial», señala la fundación en un informe acerca de la propuesta publicada esta semana por Bruselas.
La primera consideración de la Fundación al respecto es que el incumplimiento reiterado de las reglas fiscales hasta la fecha no tenía como culpable su diseño. Aunque admite que eran reglas complejas y opacas que estaban basadas en las estimaciones sobre el déficit público estructural, «el que quiso cumplir las reglas las cumplió».
«Pensar que un mero cambio de diseño va a torcer la irresponsabilidad presupuestaria demostrada y declarada por gobiernos como el de España forma parte de esa candidez burocrática que desgraciadamente manifiesta tan a menudo la Comisión Europea», han advertido desde la Fundación.
En segundo lugar, la Fundación ha apuntado que la complejidad de las actuales reglas fiscales no parece resolverse en esta nueva propuesta que introduce nuevos elementos de arbitrariedad política y una miscelánea de posibles situaciones difícilmente gobernable.
En este sentido, FAES ha señalado que la división de los países en tres grupos en función del tamaño de su desequilibrio de deuda «se entiende mal». Según han argumentado, hoy día cualquiera puede entender que niveles idénticos de la ratio deuda/PIB no implican niveles ni siquiera similares de sostenibilidad.
«Dicho de otro modo, parece evidente que la deuda de Japón (257% respecto al PIB) es más sostenible que la de Sudán (210%), por poner un ejemplo», han señalado.
Esta evidencia la trata de resolver la Comisión con un complejo sistema de equiparación que recuerda mucho a las estimaciones del déficit estructural que se quiere dejar atrás. «Seguramente, bastaba con establecer una regla clara de limitación del crecimiento del gasto nominal primario, perfectamente observable y evaluable por cualquier ciudadano europeo, para conocer la verdadera voluntad de un país de ir o no hacia la consolidación fiscal», han indicado.
En cuanto a las sanciones, la Fundación ha señalado que no existe elemento de comparación. Ha recordado que nunca se han impuesto las sanciones previstas en el PEC y, por tanto, lo único valorable es la voluntad de la Comisión de seguir intentando imponer sanciones económicas. «Esto es, más gasto, a países con dificultades de control del gasto», han avisado.
Como complemento, se introduce el concepto de sanciones «reputacionales» amenazando a los incumplidores con que sus ministros de Economía y/o Finanzas tengan que dar explicaciones ante el Parlamento Europeo.
«Francamente, tal y como está conformado el Parlamento hoy, la sensación es que esas comparecencias pueden acabar con más aplausos que pitos entre las algaradas de la izquierda, los populistas y los cada vez más tibios defensores de la austeridad», han apuntado desde la Fundación.
En su opinión, se podrían haber analizado y propuesto medidas más «serias» en términos de reputación, como la limitación de acceso a fondos europeos o incluso la limitación del voto de los incumplidores en determinadas decisiones en el Consejo.
