El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha valorado este viernes como un «avance democrático» la supresión del delito de sedición promovida por el Gobierno de la Nación pero ha advertido de que no tendría sentido de que la eliminación de este delito «anacrónico» concluya con la incorporación «por la puerta de atrás de otros tipos penales para criminalizar la protesta social».
En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto público para presentar su libro ‘Medios y Cloacas’ en Sevilla, Iglesias ha asegurado que «es bueno que deje de existir ese delito», pero ha querido dejar claro que «lo que no tendría sentido en ningún caso es que aparecieran tipos nuevos que sirvieran para criminalizar la protesta social».
El exvicepresidente del Gobierno ha explicado que ha hablado con miembros de Podemos que están «estudiando muy en detalle una reforma que se ha llevado con enorme secretismo» y ha defendido que existe «consenso en toda la izquierda de que ninguna reforma puede servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil o protestan en la calle se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizar la protesta social».
«Es un avance democrático que no exista la sedición, pero no pueden entrar por la puerta de atrás otro tipo de delitos», ha insistido Iglesias, que ha señalado que «no tiene sentido en una democracia tipificar tipos penales que sirvan para perseguir a la gente que protesta».
En su opinión, «la protesta y la desobediencia civil enriquecen las democracias en sistemas de pluralismo político», por lo que considera que «está bien que deje de existir un delito anacrónico como la sedición, que ha sido utilizado para criminalizar al independentismo catalán, pero «no pueden entrar por la puerta de atrás otro tipo de delitos que criminalizan la protesta social».
«MARLASKA TIENE QUE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD»
Preguntado por si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe dimitir por los sucesos en la frontera de Melilla, Iglesias ha recordado que él dijo «desde el principio que lo que ocurrió en Melilla fue una violación flagrante de los derechos humanos en nombre de nuestro Estado».
«Hubo miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, bajo las órdenes del Ministerio del Interior y a la vista de los vídeos que han aparecido, no solamente los que ha publicado la BBC, sino los que aparecieron en otras publicaciones, han revelado que se ha incumplido la ley. A partir de ahí, creo que el ministro tiene que asumir su responsabilidad», ha concluido.
