El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del ‘caso Lezo’ tomará declaración el próximo 12 de enero como investigado al exsubdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento bajo gobierno del PP Luis Manuel Bruno Romero, que supuestamente habría recibido una serie de comisiones por parte de responsables de la constructora OHL.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que ese mismo día el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, también tomará declaración como investigada a la mujer de Bruno. Inicialmente el instructor fijó sendas citaciones el 16 de enero, pero reagendó la declaración para el día 12 a petición de un letrado con un señalamiento coincidente.
Fue el pasado 18 de julio cuando el juez dictó un auto en el que advertía sobre la presunta participación que tanto Bruno Romero como su mujer, Ana Esther Cueto, habrían tenido en delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En concreto, el instructor pone el foco en el «rastro de un presunto pago de comisiones por parte de responsables de OHL a un funcionario público» –que sería el propio Bruno– como así se desprende de la documentación aportada a la causa.
El magistrado se refirió entonces a una conversación entre dos altos directivos de OHL: Paulino Hernández y Francisco Javier Peláez, siendo este último jefe económico-administrativo de obra civil de la constructora en Andalucía Oriental. «Esta tarde me tenía que llamar Manolo Bruno (…) para decirme lo de la, lo de la obra de mañana, de Calicasas», explica uno de ellos.
Entre los indicios en los que el instructor se apoya para llamar a sede judicial a Bruno se encuentran «varias hojas de Excel que presuntamente registran las comisiones pagadas por OHL». En las mismas figura una columna con el título «MB», coincidente con las siglas de Manolo Bruno, en la que se anotan cantidades al margen de algunas obras que figuran en la columna contigua.
COMISIÓN DEL 0,3% «Entre ellas se encuentra la Variante de Albaida N-340 adjudicada por 6.506.881 euros para la que consta anotada una comisión de 19.520 euros, cantidad que coincide con el 0,3 % a que se refieren los intervinientes en el audio antes referido. De acuerdo con el documento «ED OC consumido total» que se incorpora como Anexo 3 al Informe nº 548 de 10 de octubre de 2018 de la UCO, OHL habría pagado a «MB», al menos, 1.087.000 euros», apuntó el juez.
El magistrado señaló en julio que «según información de inteligencia» el matrimonio es titular de una cuenta «en la que desde su apertura el 14 de julio de 2006 han realizado ingresos en efectivo – generalmente importes redondos- por un total de 617.000 euros».
Tanto Bruno como Cueto, según el juez, «tienen su domicilio en una vivienda dúplex» situada en Madrid «que constituye también el domicilio social de Sistemas Madrileños SL», la sociedad que adquirió ese inmueble junto con dos plazas de garaje en escritura de 18 de septiembre de 2006 por 963.000 euros.
«Según lo expuesto, Luis Manuel Bruno Romero, directamente o por mediación de su cónyuge o de una sociedad interpuesta, habría dispuesto de 1,6 millones de euros en efectivo y habría adquirido un inmueble durante el tiempo en que desempeñó su cargo en el Ministerio de Fomento, coincidiendo con la adjudicación a la entidad OHL por parte de dicho organismo de contratos de ejecución de obra pública», sostiene el instructor.
Y es que, añadía el juez, «según todos los indicios» Bruno «se trata de la misma persona a quienes los investigados Paulino Hernández Ros y Francisco Javier Peláez Toré -altos responsables de OHL– identifican como Manolo Bruno y con la que supuestamente tenían pactada una comisión del 0,3 %».
En esta pieza separada número 8 del ‘caso Lezo’ el juez indaga en presuntos delitos de cohecho imputable a diferentes funcionarios y cargos públicos, así como a algunos empleados de OHL por el supuesto pago de comisiones ilegales para la adjudicación de determinadas obras públicas a dicho grupo empresarial en diversos puntos del territorio nacional.
El pasado 19 de julio el instructor dictó un auto en el que acordaba prorrogar las pesquisas hasta el próximo 29 de enero ante la nueva documentación, que hacía «razonable inferir que del análisis de la misma» se derivase «la necesidad de practicar nuevas diligencias».
