Un tribunal revolucionario de Teherán ha condenado a muerte este domingo a un detenido por quemar una sede del Gobierno durante la ola de protestas contra la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini el 16 de septiembre, en lo que se trata de la primera sentencia de este calibre desde el inicio de las manifestaciones.
La agencia oficial de noticias IRNA, que no identifica al condenado, señala que la sentencia fue impartida en relación a los cargos de comisión de un delito contra la seguridad nacional y «corrupción en la tierra», crimen este último punible con la ejecución.
El veredicto, no obstante, todavía puede ser apelado.
Asimismo, el tribunal también ha condenado a cinco personas a entre cinco y diez años de cárcel por alteración del orden público.
Esta sentencia se da a conocer después de que el Gobierno iraní desmintiera una petición de más de 200 diputados para imponer un endurecimiento de los castigos a los participantes detenidos.
La ONG HRANA estima que más de 15.000 personas han pasado a disposición policial, temporalmente o hasta el momento, desde el estallido de las protestas, que han costado las vidas de más de 330 personas, entre ellas medio centenar de efectivos de seguridad.
Más de 2.000 personas ya habían sido acusadas, casi la mitad de ellas en la capital, Teherán, desde que comenzaron las manifestaciones, según las cifras de la Judicatura iraní.
