El Tribunal Supremo de Australia ha desestimado por unanimidad el recurso de casación presentado por el Gobierno de España para evitar el pago de un laudo del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, por 101 millones de euros más intereses por los recortes en el pasado a las renovables.
De esta manera, se ratifican los reveses anteriores que España había sufrido en los tribunales australianos por la reclamación iniciada por Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar para hacer frente a este laudo.
En 2021, un tribunal australiano ya había fallado que el laudo debía ser ejecutado y que España debía hacer frente a esos 101 millones de euros más intereses, al considerar que no se podía reclamar inmunidad soberana para evitar el cumplimiento de un laudo arbitral.
Entonces, la Justicia del país ya señaló que España renunció a su inmunidad soberana al firmar un acuerdo en el que las partes pueden hacer cumplir sus laudos Ciadi en Australia ante tribunales competentes.
En este nuevo fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal Supremo de Australia señala que el recurso de casación presentado por el Gobierno de España ’’debe ser desestimado con costas’’ y añade que ’’no es necesario considerar ninguno de los fundamentos de la notificación de disputa que fueron planteados’’.
Así, estima que España debe someterse a un laudo vinculante como el del Ciadi, en línea con los fallos anteriores de la Justicia australiana, y niega la posibilidad de la inmunidad soberana frente a los procesos judiciales en el país relativos al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales de acuerdo a la Ley de Inmunidad de Estados Extranjeros en Australia.
DEMANDA POR LOS RECORTES A LAS RENOVABLES.
En 2013, el fondo Antin presentó una demanda ante el Ciadi, invocando el Tratado de la Carta de la Energía, en la que reclamaba 218 millones de euros, que se vieron finalmente reducidos a esos 101 millones de euros en su fallo.
Las diversas reformas energéticas emprendidas por el Gobierno en el pasado supusieron diversos recortes retributivos, el primero de ellos a finales de 2010, con el PSOE en el poder, y el último, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Ejecutivo del PP.
FRENTE EN REINO UNIDO.
Infraestructure Services Luxembourg y Energia Termsolar, los titulares del laudo Antin, también iniciaron procedimientos de ejecución del laudo arbitral ante el Tribunal Superior de Londres para recuperar sus deudas impagadas y obtuvieron una orden registrando el laudo como sentencia del Tribunal Superior de Londres en junio de 2021, y posteriormente han obtenido el embargo provisional de un importante activo de España en el Reino Unido.
No obstante, el Gobierno español solicitó al tribunal londinense que anule la orden de registro del laudo por parte del Tribunal Superior de Londres alegando inmunidad estatal.
De todas maneras, España no ha hecho todavía frente a ninguno de los laudos que ha recibido adversos, en torno a la veintena. De hecho, en 2020 recibió la renuncia a pleitar de los fondos The PV Investors, RREEF y Stadwerke, solicitando acogerse a la solución propuesta a finales de 2019 para garantizarles una rentabilidad a su inversión a cambio de descartar los procedimientos arbitrales.
En noviembre de 2019, el Gobierno aprobó un decreto ley para fijar un marco retributivo estable en las instalaciones afectadas por el ’hachazo’ a las renovables en legislaturas anteriores y tratar así de poner fin a los litigios abiertos.
Con ello, ofreció a los titulares que habían presentado demandas la posibilidad de que la rentabilidad razonable para sus instalaciones se mantuviera en el 7,398% hasta 2031.
Fuente: (EUROPA PRESS)
