El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reclamado la liberación «inmediata» de las «miles» de personas que permanecen detenidas en Irán por su implicación en manifestaciones «pacíficas» a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por incumplir el código de vestimenta islámico, y ha expresado su preocupación por nueve casos que pueden terminar en una condena a muerte.
La Fiscalía iraní elevó a más de mil las imputaciones emitidas sólo en la región de Teherán, que se sumarían a varios cientos más en todo el país. Naciones Unidas, sin embargo, cree es que momento de «levantar los cargos» contra todos los detenidos.
«La normativa de Derechos Humanos protege los derechos de la población a la reunión pacífica y a la libertad de expresión», ha subrayado un portavoz del Alto Comisionado, Jeremy Laurence, al lamentar la «creciente dureza» con la que las autoridades iraníes están respondiendo a una ola de movilizaciones «sin precedentes».
A la ONU le preocupa especialmente la situación de nueve personas que han sido imputadas con delitos susceptibles de ser castigados con la pena de muerte. Laurence ha apostado por la abolición de este tipo de penas y que, en caso de aplicarse, no afecten a «delitos que no resulten directa o indirectamente en situaciones de muerte».
«Por tanto, instamos a las autoridades iraníes a imponer inmediatamente una moratoria sobre la pena de muerta, a abstenerse de imputar delitos capitales y a revocar las sentencias que no fuesen dictadas por delitos que entren en la categoría de ‘crímenes más graves'» ha enfatizado el portavoz.
