El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible ha fijado en dos años el plazo de tiempo que tendrán las Comunidades Autónomas para asumir las nuevas rutas autonómicas que surjan de la reordenación de todos los servicios estatales de autobuses.
El texto se encuentra actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, por lo que estos plazos podría variar. De hecho, algunas de las casi 1.000 enmiendas que ha registrado la ley proponen incluso reducir este plazo de tiempo.
Es el caso de Ciudadanos o del Bloque Nacionalista Galego, entre otros partidos, que plantean un proceso más rápido, el último incluso quiere ir más allá y que las Comunidades también gestionen las rutas estatales que pasan por su territorio.
El documento planteado por el Gobierno establece que, en un plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, tendrá que estar aprobado el nuevo mapa concesional de autobuses, un mapa que pondrá en práctica una mayor eficiencia en este modo de transporte.
En concreto, el objetivo del Gobierno es hacer las rutas estatales más rápidas con la eliminación de paradas intermedidas, a cambio de que se creen nuevas rutas autonómicas que conecten los pueblos y las ciudades más pequeñas con esas urbes más grandes en las que sí pararían los autobuses estatales.
Así, en un plazo de dos años a contar desde la aprobación del nuevo mapa concesional, deberán estar adjudicados todos los nuevos contratos de concesión y las Comunidades Autónomas deberán haber asumido los tráficos autonómicos que previamente hubieran estado atendidos por contratos de concesión estatales.
El texto del Gobierno lo deja claro: ’’Estos tráficos no serán atendidos, con carácter general, en el marco de los nuevos contratos de competencia estatal’’. Las enmiendas de los partidos políticos van también dirigidas a asegurar que no se pierdan paradas o rutas en este proceso, sobre todo las que atienden al medio rural.
RUTAS CADUCADAS En las concesiones vencidas, que es en la mayoría de los casos, el concesionario actual podrá continuar explotando el servicio por un período máximo de 18 meses a contar desde la aprobación del mapa concesional.
Transcurrido el plazo máximo de 18 meses, en caso de que no se hubiera adjudicado el nuevo contrato, se extinguirá la concesión prorrogada, sin perjuicio de la posibilidad de la administración de adjudicar provisionalmente el servicio a un operador distinto, durante el período imprescindible para la licitación y adjudicación del nuevo contrato y, en ningún caso, por tiempo superior a nueve meses.
Otras enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados instan al Gobierno a que sea el Estado el que asuma esas concesiones que, dentro de los plazos fijados, todavía no hubiesen sido adjudicadas a una empresa.
Fuente: (EUROPA PRESS)
