La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) ha pedido la creación de un Observatorio de Pagos de la Unión Europea y la aplicación de un procedimiento más estricto de comprobación de pagos en los contratos del sector público para atajar el problema de la morosidad.
’’En la actualidad, en España, la comprobación se hace por encima de los 5 millones de euros, umbral que debería bajarse’’, ha sugerido la patronal del metal en su último Boletín Coyuntura Económica y Laboral, publicado este martes.
Con respecto a la existencia de determinados productos bancarios que se utilizan como herramientas de pago, la Confederación considera que se debería establecer que un coste financiero por la ejecución de un producto bancario en un plazo superior a 60 días si no es asumido por la empresa contratista, debería ser considerado como impago, a efectos de la Directiva de Morosidad.
Según advierten, el problema de la morosidad es grave para la economía en general, el tejido empresarial en particular y, muy especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para las que supone un lastre a su actividad y una amenaza para su rentabilidad que en ocasiones llega a poner en peligro su propia viabilidad.
Para mejorar el cumplimiento de la Ley de lucha contra la morosidad comercial, se aprobó la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas que impulsa medidas como la adopción generalizada de la factura electrónica, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales.
Según la patronal, las medidas incluidas en la ley ’’van en la línea correcta’’ para reducir la morosidad en las operaciones comerciales y es de esperar que su implementación sea realmente efectiva y consiga una reducción de los plazos de pago.
CONTEMPLAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS POR PARTE DE AAPP Sin embargo, desde Confemetal advierten de que la Ley adolece de algunas deficiencias que podrían corregirse, como no contemplar el estricto cumplimiento de los plazos por parte de las Administraciones Públicas españolas a la hora de abonar las facturas a las empresas privadas, especialmente a las pymes.
’’Muchas empresas dilatan sus plazos de pago y utilizan como fuente de financiación el crédito otorga do por los proveedores, forzando esos recursos al límite, de modo que a mayor demora en el pago de una factura, mayor sea el beneficio financiero devengado. Además, en función del coste del dinero y la dificultad de obtención de créditos bancarios, el retraso en los pagos puede ser todavía más rentable para el moroso’’, han señalado.
A esta situación se suma la ’’ineficacia’’ de la Justicia en España en temas económicos, con procedimientos judiciales demasiado costosos y lentos, lo que ’’beneficia’’ al moroso, según critica la patronal.
Fuente: (EUROPA PRESS)
