El concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna, Alfredo Gómez, ha interpuesto una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el senador del PSOE y concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contratación encubierta.
La querella, avanzada por ’Radio Club Tenerife’ y a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que ocho meses después de la creación de la Comisión Plenaria de Investigación de la Contratación menor durante el periodo 2011-2022 no se ha entregado ni un solo expediente cuando hay indicios de fraccionamiento de contratos públicos en el área que gestiona Pérez.
Así, la argumentación del edil se ampara en un informe del secretario municipal del pasado 9 de febrero donde ya advierte de un intento de ’’bloqueo’’ de la comisión ante las renuncias de su presidente y el delegado.
Además, concluye que hay contratos menores que incurren en fraccionamiento y al no acudir a la licitación pública están ’’viciados de nulidad de pleno derecho’’.
En total, se trata de un conjunto fraccionado de más de una decena de contratos que superan el límite legal de 15.000 euros, y por importe global de casi 200.000 euros, relacionados con la instalación de una red de riego, la colocación de ’stands’ o asesoramiento en agroecología y agroturismo.
El querellante señala que la situación se agrava cuando ’’de forma grotesca se realizan varios contratos el mismo día o en un margen temporal muy reducido, lo que indica un intento de encubrir la verdadera naturaleza del contrato y de eludir los controles y garantías previstos en la legislación vigente’’.
Así, insiste en que se trata de ’’un caso grave’’ por la reiteración del ’modus operandi y con la ’’clara intención’’ de eludir los controles propios de la contratación pública, al tiempo que se ’’lesiona’’ tanto el interés general como las arcas municipales.
En esa línea, recoge la querella, el fraccionamiento reiterado en la contratación pública ’’no busca más que eludir los controles’’ que el propio procedimiento de contratación establece y así asegurarse un ’’resultado injusto y contrario a la ley’’, lo que ocasiona un ’’deterioro’’ de la imagen de la función pública y también un perjuicio económico.
Además, incide en que ’’resulta imposible tan siquiera plantear que no tenía conocimiento de la irregularidad o que la conducta no es fruto de una voluntad clara de actuar al margen del ordenamiento jurídico para ocasionar un resultado injusto al anteponer su voluntad personal al interés público’’ dado que el concejal cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión pública y es profesor asociado de Derecho Constitucional.
Con todo, Gómez pide que se cite a declarar a Pérez ante la Sala y tanto al secretario municipal como a la interventora en calidad de testigos.
Fuente: (EUROPA PRESS)
