El integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha aplaudido el acuerdo que las asociaciones judiciales alcanzaron con el Gobierno en materia de retribuciones el pasado 23 de mayo –una subida de 450 euros al mes– y ha pedido al mismo tiempo a ’’algunos vocales’’ del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no lo ’’torpedeen’’.
A su juicio, el servicio público que constituye la administración de justicia ’’se ha zafado de una huelga de la judicatura, a cambio de mejoras que han sido fruto de un largo esfuerzo y el consenso de la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales’’. Si bien considera que el acuerdo no es ’’óptimo’’, reconoce la aplicación ’’por vez primera, de una ley que regula esta materia que llevaba veinte años sin resultados’’.
En un comunicado, la asociación ha apuntado que el proceso de negociación no se ha cerrado porque se pactaron grupos de trabajo y una comisión de seguimiento anual, ’’que evitará tener que aguardar todo un lustro para obtener mejoras que faciliten avances en materias como guardias, trienios, retribuciones variables o complementos específicos’’.
Asimismo, el representante de JJpD ha resaltado ’’haber arrancado esa continuidad, igual que haber incrementado de 200 a 300 plazas este año 2023 y otro tanto en 2024’’, al que supone ’’un avance sin precedentes en la negociación de las condiciones profesionales en que la judicatura realiza su importante labor’’, ha recalcado.
VOCALES CONTRARIOS A LOS AVANCES En este sentido, Rodríguez ha criticado la actuación de varios vocales del CGPJ que, denuncia, ’’aunque no representen a la judicatura, debieran desistir de su intento de anular esos acuerdos y avances, que suponen una mejora para la carrera judicial y para la sociedad’’.
Al respecto, el magistrado ha añadido que los vocales del CGPJ que están en funciones y con su mandato caducado tienen la obligación de actuar ’’con responsabilidad institucional’’, lo que a su juicio ’’debiera determinarles a no criticar acuerdos adoptados mayoritariamente, que han evitado un serio perjuicio a la administración de justicia, y al tiempo, incorporado avances retributivos para la carrera judicial’’.
Fuente: (EUROPA PRESS)
