Los jamoneros de la Indicación Geográfica Protegida ‘Jamón de Trevélez’, en la provincia de Granada, han lamentado que los tribunales no hayan aceptado la medida cautelar que solicitaron para que se paralice la tramitación administrativa de la nueva IGP general para el ‘Jamón Serrano’ en España y, en consecuencia, también en el seno de la Comisión Europea, por lo que confían en que sea Europa quien pare el expediente hasta que haya un pronunciamiento firme de la justicia española sobre el contencioso que hay abierto en estos momentos.
La presidenta del consejo regulador de la IGP Jamón de Trevélez, Pilar Álvarez, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que se han quedado «bastante fríos» con esta resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid –competente en la materia– pues veían «lógico» que se paralizara el expediente para que en Europa no se tome una decisión contraria a lo que más tarde pueda decidir la justicia española y porque de salir adelante, conllevaría «anular» el sello ETG bajo el que operan muchos productores.
«A partir de ahora, o lo paraliza Europa hasta que haya una sentencia firme en España, como en septiembre dijo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que haría, o continúa el proceso», ha relatado Pilar Álvarez, quien ha precisado que el colectivo está ultimando la demanda que presentará antes de que finalice noviembre y una vez que han sido rechazadas las medidas cautelares que solicitaron.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió el 20 de julio de 2022 el expediente completo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamón Serrano a la Comisión Europea, que, desde esa fecha tiene seis meses para revisar el expediente y, en su caso, emitir observaciones o solicitar información adicional.
Tras recibir comunicación oficial del recurso por la vía contencioso-administrativa de la IGP Jamón de Trevélez, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explicaron el pasado septiembre que «se informará de este hecho a la Comisión Europea» y «la tramitación, por tanto, se paralizará ya que la CE esperará a que haya sentencia firme» de la justicia española. Los productores granadinos desconocen por el momento si ha habido un pronunciamiento al respecto desde Europa.
SUS ARGUMENTOS Los jamoneros de Trevélez sostiene que la IGP Jamón Serrano «devalúa las figuras de calidad diferenciada», supone un «engaño al consumidor» y perjudica a los pequeños productores situados en zonas rurales, en este caso la Alpujarra de Granada, donde esta actividad genera empleo y evita el despoblamiento.
Mantienen que la expresión ‘Jamón Serrano’ «no es una indicación geográfica» ni «un nombre que sirva para identificar un producto como originario de un territorio concreto». Y es que «la zona de elaboración delimitada en el pliego de condiciones abarca todo el territorio de España» y, según sostienen, «es tan absurdamente amplia que adolece de la necesaria homogeneidad que justifique la existencia de un vínculo entre el producto y el medio geográfico en el que se elabora».
Así, «el pliego de condiciones actual permite la elaboración de la IGP ‘Jamón Serrano’ en cualquier punto de la geografía española, incluidas las islas, olvidándose de cualquier criterio técnico en la delimitación de la zona y cualitativo en las características del producto resultante».
Los productores del Jamón de Trevélez consideran por tanto que la IGP Jamón Serrano por sí misma «resultará engañosa para los consumidores», pues su expectativa ante la expresión ‘Jamón Serrano’ que, «además iría ligada al sello IGP, será la de estar ante un jamón elaborado en la sierra y secado en ambiente natural, cuando en realidad el pliego de condiciones permitirá la certificación de jamones no elaborados en la sierra y secados haciendo uso de aparatos de control artificial de la temperatura ambiental».
