El juicio con jurado popular que celebra la Audiencia de Sevilla contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía; ha afrontado este martes la sesión correspondiente a las conclusiones y los informes finales de las partes.
En este marco, el abogado Adolfo Cuéllar, en defensa de Fernando Villén, ha recordado que su cliente ha reconocido que cargó 32.566 euros de gastos en prostíbulos en su tarjeta de empresa de la Faffe, unos ’’gastos inadecuados para la finalidad de la fundación’’, pero ha llamado a distinguir que ’’lo moral es ajeno a lo jurídico’’ y es esto último lo que aborda el juicio.
En ese sentido, ha defendido que Fernando Villén, para el que la Fiscalía reclama seis años de cárcel, seis años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros por un presunto delito continuado de malversación y otro supuesto delito de falsedad en documento oficial continuado cometido por funcionario público; ’’siempre’’ supo que tales gastos ’’inadecuados’’ con su tarjeta de la Faffe habían de ser repuestos con su propio dinero y así lo hizo.
’’Él nunca pretendió que esos gastos (en prostíbulos) fuesen gastos para la Faffe’’, ha asegurado la defensa de Villén, exponiendo que su cliente repuso a la Faffe los mencionados cargos, con lo que no habría pesado ’’menoscabo alguno’’ para los fondos públicos. ’’Todo ha sido devuelto’’, ha enfatizado el letrado, avisando de que las tesis acusatorias de la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz se basan en ’’especulaciones’’, especialmente en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que resulta ’’absolutamente especulativo’’ y que está marcado por ’’errores evidentes’’.
Por eso, el abogado Adolfo Cuéllar ha asegurado que durante el juicio no ha sido puesto sobre la mesa ninguna ’’prueba de cargo suficiente’’ para desvirtuar la presunción de inocencia de su defendido, para el cual ha reclamado un veredicto de ’’no culpabilidad’’.
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Fuente: (EUROPA PRESS)
