El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes las medidas acordadas con la banca para ayudar a aliviar la situación de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad y la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, según confirmaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las entidades financieras continúan este lunes ultimando los detalles del paquete de ayudas, con el que pretenden anticiparse a los potenciales problemas derivados de la súbita subida de las cuotas hipotecarias para los préstamos a tipo variable, a raíz del aumento de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para tratar de contener la escalada de la inflación.
Según fuentes de la cartera que lidera Nadia Calviño, se ampliará el ámbito y se reforzará el actual Código de Buenas Prácticas para las familias más vulnerables a la luz del análisis de su funcionamiento durante diez años y de las características de la situación actual.
Asimismo, se adoptará un nuevo Código de Buenas Prácticas para «deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el súbito incremento del Euríbor» y se aprobarán medidas para facilitar la amortización anticipada y el cambio de préstamos de tipo variable a fijo, señalaron las mismas fuentes consultadas por Europa Press.
La modificación del código actual será mediante la aprobación de un Real Decreto-ley, mientras que las características del nuevo código se aprobarán por acuerdo del Consejo de Ministros.
Por otro lado, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes el proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, después de haber recibido el dictamen favorable por parte del Consejo de Estado la semana pasada.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
La futura figura estará dotada de autonomía e independencia y resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
El texto que se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros en segunda vuelta mantiene que las resoluciones de la Autoridad de Defensa serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
