El Tribunal Penal Especial de República Centroafricana emitirá este próximo lunes su primer veredicto del proceso sobre los crímenes ocurridos durante la segunda guerra civil que estalló en 2012, cuando milicias musulmanas de Séléka se sublevaron contra el entonces presidente François Bozizé solo para acabar enfrentadas en un conflicto sin cuartel contra las llamadas milicias de autodefensa antibalaka, predominantemente cristianas.
En el juicio están imputados tres presuntos responsables de las milicias del Retorno, Reclamación y Rehabilitación o movimiento 3R, acusados de la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad tras la masacre de 46 civiles en las poblaciones de Koundjili y Lemouna, en el norte del país, en mayo de 2019, a pesar del cese de hostilidades en vigor en ese momento.
Los imputados, Issa Sallet Adoum, Ousman Yaouba y Tahir Mahamat, escucharán el veredicto de este tribunal híbrido, respaldado por la ONU, que comenzó su andadura hace cuatro años para juzgar el violentísimo periodo de enfrentamientos que estalló hace casi una década y todavía colea en el país a pesar del acuerdo de paz firmado a principios de 2019.
El movimiento 3R emergió en 2015 con el propósito inicial de defender a los pastores de la etnia musulmana peul en medio de los enfrentamientos entre Seleka y los antibalaka. Sin embargo, al año siguiente organizaciones como Human Rights Watch, especializadas en el seguimiento de la situación internacional de los Derechos Humanos, comenzaron a denunciar un auténtico espectro de atrocidades cometidas por los milicias en sus zonas de operación.
HRW denunció, por ejemplo, la masacre de menos 50 civiles en las subprefecturas de Bocaranga y Koui entre el 21 y el 27 de noviembre de 2016, así como una veintena de violaciones a mujeres y niñas. El grupo ha desmentido toda implicación en estos ataques, aseguraron portavoces del 3R a HRW.
De igual modo, el grupo ha asegurado que los tres imputados por las matanzas de Koundjili y Lemouna «no actuaban siguiendo órdenes de los comandantes» y aseguran que el movimiento se atiene al pie de la letra de las condiciones del Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación firmado por el grupo en febrero de 2019. El movimiento, asimismo, nunca ha declarado vinculación alguna con las milicias de Séléka.
El tribunal especial de RCA también tiene competencias para juzgar los crímenes cometidos durante la primera guerra civil en RCA que estalló en 2004 tras la llegada de Bozizé al poder entre el Gobierno y los rebeldes de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Reagrupación (UFDR), uno de los precedentes directos del segundo conflicto armado protagonizado por los Séléka y antibalaka.
