El juicio contra el acusado de asesinar y descuartizar a su pareja embarazada en Santander, en agosto de 2020, ha quedado visto para sentencia este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, tras diez días de testimonios y evaluación de pruebas y a la espera de que los nueve miembros del jurado emitan su veredicto.
Durante la última sesión, tanto el fiscal como las acusaciones particular y popular, que ejerce la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han mantenido la culpabilidad del acusado, C.A.B.C., de los delitos de asesinato, aborto y profanación, de acuerdo con las pruebas y testimonios presentados en el juicio.
Por estos hechos, tanto el Ministerio Fiscal como los abogados de la acusación particular, los familiares de la víctima y la Junta, solicitan las penas máximas de 25 años por asesinato con alevosía, 8 años por aborto y 5 meses por profanación del cadáver. Una pena total de 33 años y 5 meses.
La acusación popular ha incidido además en el componente de violencia machista del crimen, así como la alevosía contra una víctima que se encontraba embarazada y en el domicilio con el acusado.
Por su parte, el abogado de la defensa, ha reiterado la inocencia de su representado al considerar que no existen evidencias suficientes para condenarlo. También ha puesto en duda la fiabilidad de la infografía y la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores, y ha cuestionado las pruebas que la policía científica halló en la vivienda en la que presuntamente se cometieron los hechos.
Además, ha señalado por segunda vez desde el inicio del juicio la posible implicación de dos sujetos en los hechos, descartados en la investigación policial, y ha asegurado que el relato de la acusación resulta imposible dadas las condiciones físicas de su representado en las fechas del suceso.
Por el contrario, el Ministerio Fiscal ha reiterado un relato de los hechos según los informes policiales, señalando que la policía de Madrid, Santander y Ciudad Real que los investigaron llegaron a las mismas conclusiones.
Asimismo, ha destacado que existen abundantes testigos de que el acusado se encontraba en Santander, que existen indicios claros de que la muerte se produjo tras una llamada a servicios sociales y que, dadas las pruebas audiovisuales y que el cuerpo tan solo se localizó siguiendo los pasos del procesado, éste fue el único responsable del asesinato y de deshacerse del cuerpo de la víctima.
El abogado de la acusación particular ha afirmado que cualquier duda razonable ha quedado completamente desmontada y ha destacado la existencia de 16 pruebas de cargo. Además, ha asegurado que se da una flagrante ausencia de cualquier indicio de otro posible culpable de los hechos, y ha incidido en la falta de fiabilidad de las declaraciones del acusado, al entrar en contradicciones en sus distintos testimonios.
Por estos hechos, tanto el Ministerio Fiscal como los abogados de la acusación particular, los familiares de la víctima y la Junta, solicitan las penas máximas de 25 años por asesinato con alevosía, 8 años por aborto y 5 meses por profanación del cadáver. Una pena total de 33 años y 5 meses.
El acusado por su parte ha rechazado ejercer su derecho a la última palabra.
