La Abogacía del Estado ha mostrado su oposición a la petición de los abogados de la familia del dictador Francisco Franco de que sea otro juez quien estudie la demanda que presentó la Administración Pública para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña).
Según fuentes cercanas al procedimiento consultadas por Europa Press, los servicios jurídicos del Estado han presentado ya su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia Número 70 de Madrid para oponerse a la declinatoria de jurisdicción que interpusieron los Franco.
La familia sostiene que la demanda de la Abogacía del Estado no es competencia de un juez de lo civil, sino de lo contencioso-administrativo. Los servicios jurídicos de la Administración se han mostrado en contra de este argumento.
La Abogacía se ha pronunciado después de que el juez Roberto Fernández suspendiera la vista –que tenía prevista para el pasado 21 de octubre– en la que escucharía las alegaciones del Estado y de la familia.
Fuentes jurídicas han explicado que el titular del juzgado tramitó el escrito de los Franco y dio traslado a la Abogacía para que emitiera su informe al respecto. Ahora está previsto que el magistrado dicte resolución y diga si estima o no la petición de la familia.
Al margen, fuentes cercanas al procedimiento han indicado que la Abogacía, además, ha presentado ante el juzgado gallego que sigue el caso del Pazo de Meirás los escritos de todos los bienes que incluye la demanda interpuesta en Madrid, así como los bienes sobre los que ya ha fallado la Justicia a favor de la Administración.
En este sentido, los servicios jurídicos del Estado han pedido al juzgado gallego que, de forma cautelar, no permita a los Franco retirar los bienes hasta que haya sentencia.
LA PETICIÓN DE LA ABOGACÍA La vista que se suspendió en Madrid tenía previsto conocer las alegaciones de Abogacía y los Franco sobre las medidas cautelares que reclamó el Estado en la demanda presentada el pasado 21 de septiembre.
Los servicios jurídicos habían pedido que se acordara la permanencia de los bienes dentro del Pazo de Meirás, y en depósito de la Administración, hasta que se resuelva «a quién corresponde la propiedad».
Para la Abogacía, es una medida cautelar que se considera «esencial» para «garantizar la conservación y protección de todos estos bienes, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos bienes por el lugar donde se encuentran».
La Administración reclama la propiedad de un total de 564 bienes muebles o documentos y legajos que se agrupan en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; del Patrimonio Documental Español; y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.
Los servicios jurídicos del Estado presentaron la demanda después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.
Este mes, la Xunta de Galicia anunció que se sumaría a la demanda interpuesta al respecto de la consideración de bienes de dominio público y patrimonio público, tanto de objetos procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Francisco Franco cuando fue jefe del Estado durante la dictadura.
En el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expuso su «interés legítimo» para participar en este pleito, como ya lo hace en el procedimiento que está abierto sobre la titularidad del inmueble.
