El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha asegurado este martes que percibe «receptividad» en el Ejecutivo central que lidera Pedro Sánchez para atender las reivindicaciones «prioritarias» que ha reiterado a los ministros de Presidencia y Defensa, Félix Bolaños y Margarita Robles, durante sus visitas de los últimos días a la ciudad autónoma, que básicamente pasan por tener una frontera «normalizada» a todos los niveles con Marruecos.
Ello implica, a su juicio, la exigencia «permanente» de visado a todas las personas que deseen cruzar el paso del Tarajal y contar con una aduana comercial «convencional» en la que no se limite de entrada el trasiego de ningún tipo de mercancías, «como recoge la declaración de abril de los reinos de España y Marruecos».
«No hay ninguna postura que cuestione la oportunidad y conveniencia de estas medidas», ha explicado Vivas durante una comparecencia ante los medios en la que también ha dado cuenta de otras peticiones como la introducción de nuevos incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades que favorezcan la radicación de empresas que generen empleo en Ceuta o el establecimiento de una fórmula de intervención estatal en el transporte marítimo con la península que «abarate» sus tarifas para los no residentes.
Sobre el funcionamiento de la frontera del Tarajal, el líder del Ejecutivo autonómico ha destacado que la exigencia de visado a todos los marroquíes impuesta desde su reapertura en mayo prueba las ventajas de acabar con la excepción que, en el Tratado de Schengen, permitía hasta 2020 la entrada de los residentes en la región de Tetuán solo con su pasaporte.
«La situación es radicalmente distinta: donde había caos y una presión que desbordaba nuestras capacidades en muchos ámbitos ahora hay orden y control: pasar del pase de 30.000 personas al día a 3.000 mejora la capacidad de control de las Fuerzas de Seguridad, pero también ha sido positivo para reducir la economía irregular y rebajar la presión sobre la asistencia sanitaria y educativa o el Área de Menores», ha valorado Vivas.
El presidente ha asumido que hay que dar «tiempo» a los servicios jurídicos de Asuntos Exteriores e Interior para encontrar la fórmula jurídica con la que acabar con la «disposición particular» que en el Tratado de Schengen facilita el trasiego de los marroquíes de las regiones de Tetuán y Nador a Ceuta y Melilla.
Con respecto a la apertura a principios de 2023 de una aduana comercial en el Tarajal, el presidente de Ceuta ha dicho que debe ser «convencional» y ha asegurado «no saber» en qué consiste la de carácter «regional» que se anuncia.
«Puede ser una alternativa reglada y ordenada al extinto comercio transfronterizo que nadie o casi nadie quiere que vuelva; puede favorecer, combinada con la exigencia de visado, el desarrollo del turismo; y puede favorecer el abaratamiento de productos importados de Marruecos», ha apuntado sobre las expectativas de una infraestructura que espera que los ministros de Asuntos Exteriores de España y Marruecos concreten en sus próximos encuentros en Fez y Barcelona.
FISCALIDAD E INVERSIONES Vivas ha detallado que también ha pedido a Bolaños que separe el debate nacional sobre «la reforma tributaria estructural que necesita y demanda España» de la introducción de nuevos incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades que facilite la radicación en Ceuta de empresas que generen empleo «sin trasladar su sede fiscal o cerrar aquí su ciclo mercantil completo» para cimentar un nuevo modelo económico para la ciudad «estable y seguro» tras el «episodio» de mayo de 2021.
A Robles el presidente de la Ciudad le solicitó que compatibilice la cesión de suelo militar en desuso habida cuenta de que Defensa es propietaria de un tercio de la superficie de Ceuta con un «refuerzo» de la presencia de su departamento como «plaza militar» histórica que se pretende seguir siendo.
El Gobierno autonómico también espera que el central pueda encontrar una «fórmula imaginativa y específica» de intervención en el transporte marítimo de personas y mercancías entre la península y Ceuta que encaje en la normativa comunitaria y permita «abaratar» sus tarifas actuales, sobre todo para los turistas, con el objetivo de equipararlas a las que abonan los residentes en la ciudad, subvencionadas en un 75% por el Estado.
