El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), Carlos Bautista, ha advertido este miércoles ante el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, que no pueden «descafeinarse» los requisitos legales para otorgar el tercer grado a los presos de ETA. También ha lamentado que, tras la derrota de la banda terrorista, continúe el «muro de una organización» que «impone» sus directrices a los internos.
En unas jornadas en Vitoria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ambos han constatado sus «discrepancias jurídicas» en el tratamiento de los presos que siguen cumpliendo condenada por los crímenes de ETA, aunque han coincidido en su voluntad de abordar estas diferencias de forma «constructiva».
Bautista ha lamentado las dificultades que se encuentra la Fiscalía a la hora de buscar la colaboración de los reclusos para esclarecer delitos de ETA, señalando que se enfrentan con «un muro de una organización, se llame ahora como se llame» tras el fin de la banda terrorista, que es quien «impone» sus directrices a los presos.
Tapia, por su parte, ha rebatido al fiscal al decir que no existe constancia de ninguna «organización que dé instrucciones» a los presos. Tampoco ha compartido que las peticiones de perdón se diluyan en formulaciones «genéricas» de arrepentimiento, si bien ha reconocido que «trabajan» para tratar de adecuarse a los requerimientos que establece la Audiencia Nacional.
«Intentamos aplicar el ordenamiento jurídico desde una clara perspectiva victimológica», ha manifestado Tapia. No obstante, y al contrario de la posición expresada por Bautista, ha afirmado que los escritos presentados por los reclusos cuya progresión de grado ha sido avalada por el Gobierno Vasco «no son formularios estereotipados».
En su opinión, se trata de textos «manuscritos individualizados» que han sido redactados por los propios internos. También cuentan con los informes a favor de las juntas de tratamiento de las cárceles.
EXIGENCIAS DE LA LEY PENITENCIARIA El debate entre ambos juristas se ha centrado en los criterios empleados para otorgar la semilibertad desde que el Gobierno Vasco asumió en octubre de 2021 las competencias penitenciarias contempladas en el Estatuto de Autonomía de 1979.
En su intervención, Bautista ha recordado que los requisitos para la progresión al tercer grado están regulados por los artículos de la Ley General Penitenciaria 72.5 y 72.6.
Dichos artículos establecen que los presos han de hacer frente a las indemnizaciones valorando su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil, así como la exigencia de que muestren «signos inequívocos» de abandonar la violencia y colaborar con las investigaciones judiciales.
Además, la ley señala que el cumplimiento de estos requisitos «podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean».
NO A FORMULACIONES GENÉRICAS DE PERDÓN Bautista ha subrayado que el contenido de este artículo no se puede «diluir» ni «descafeinarse» con interpretaciones según las cuales la exigencia de una petición «expresa» de perdón a las víctimas y de un repudio de sus propios delitos sean sustituidas por formulaciones «genéricas».
«La cuestión simbólica es más importante de lo que parece», ha afirmado Bautista, quien ha precisado que a las víctimas «lo único que les queda» es que la persona que asesinó a uno de sus seres queridos «les diga lo siento en un carta».
El fiscal ha subrayado que esta es una cuestión «esencial», porque supone «romper una barrera» por parte de los reclusos que en su día pertenecieron a ETA, por lo que ha lamentado que la «mayoría» de ellos no den ese paso.
En todo caso, ha subrayado que las «discrepancias» que mantiene la Fiscalía con el Gobierno Vasco respecto a las progresiones de grado son «legítimas» y se sitúan en el plano «jurídico», por lo que no tienen nada que ver con cuestiones «políticas», pese a que –según ha dicho– «a algunos sectores les gustaría que hubiera conflicto».
TAPIA DEFIENDE AL GOBIERNO VASCO Por su parte, Tapia ha explicado que el Gobierno Vasco está actuando «correctamente». En este sentido, ha subrayado que no se ha concedido ninguna progresión de grado que no haya sido propuesta previamente por los funcionarios que integran las juntas de tratamiento de las prisiones.
En el caso de las revocaciones de terceros grados por parte de la Audiencia Nacional, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico las recibe desde una postura «constructiva», y que una vez analizado el contenido de dichas resoluciones, «trabaja» para tratar de adecuarse a los requerimientos que establece dicho tribunal.
Además, ha afirmado que cuando da el visto bueno a una progresión de régimen penitenciario, el Ejecutivo ha constatado la «veracidad y sinceridad» del contenido de tales escritos, para lo que se reclama un «análisis autocrítico» de su conducta por parte del recluso y el reconocimiento del daño causado a sus víctimas.
«Cuando progresamos [de grado] a una persona, constatamos que existe una situación análoga a la petición de perdón, aunque no haya usado esa palabra concreta», ha añadido.
NO USAR EL PERDÓN COMO TABÚ En este sentido, y al igual que hizo recientemente en unas jornadas de la Fundación Fernando Buesa, Tapia ha considerado que el requisito de la petición de perdón «no se debe utilizar como un tótem o tabú».
El asesor ha explicado que una solicitud de perdón puede no ser sincera y responder solo a fines «utilitaristas». «Es preferible la constatación de un pesar genuino por el daño causado, asociada a un proceso de reflexión interior de cambio, se traduzca eso o no en la utilización de tal expresión», ha añadido.
Respecto a la exigencia de colaboración con la Justicia, ha señalado que el problema radica en que «no se puede verificar» qué es lo que sabe o no un recluso sobre un determinado delito. Además, ha subrayado la dificultad de «cohonostar» esta exigencia con el derecho constitucional de cada persona a no declarar contra sí misma.
22 RECURSOS DE LA FISCALÍA Sin citar ningún caso en concreto, la jornada se ha centrado en la aprobación de los 32 terceros grados para reclusos de ETA –un régimen que permite a los presos pasar el día fuera de la prisión, a la que han de regresar para dormir–, de los que 22 han sido recurridos por la Fiscalía.
A raíz de dichos recursos, seis terceros grados han sido revocados por la Audiencia Nacional, mientras que en cuatro casos se ha mantenido la decisión del Gobierno Vasco; los restantes están pendientes de resolver por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha afirmado que la política penitenciaria no se puede emplear como «moneda de cambio». «No puede ser que el Derecho y la Política Penitenciaria se conviertan en la puerta de atrás del Derecho Penal, vaciando de contenido las condenadas», ha añadido.
Por su parte, el presidente Asociación Plataforma de Apoyo a las Victimas del Terrorismo (APAVT), Miguel Folguera, ha acusado al Gobierno de España de «traicionar» a las víctimas con los acercamientos de presos de ETA a prisiones de Euskadi y al convertir en EH Bildu en su «socio preferente». En contraste con esas críticas al Ejecutivo central, ha destacado la «empatía y cercanía» del Gobierno Vasco hacia los damnificados del terrorismo.
