La Audiencia de Madrid ha dado la razón a Plus Ultra al concluir que «no cabe acordar» la declaración como investigado de su representante legal porque se ha «agotado el plazo de 12 meses previsto» para el desarrollo de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros que recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han estimado el recurso de apelación que presentó la aerolínea y han dejado sin efecto la resolución en la que la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid la citó en calidad de investigada.
La Sección Segunda ha explicado que, «de admitirse la práctica de diligencias fuera de plazo, se produciría la lesión del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva».
En este sentido, la Audiencia Provincial ha incidido en que la expiración del plazo conlleva la «inviabilidad de incorporar nuevo material instructorio», por lo que no sería posible practicar actuaciones adicionales, «ni siquiera la que sería primera llamada al proceso de los luego acusados».
Los magistrados han subrayado que ya se ha «agotado» el plazo de investigación «sin haberse interesado su prórroga». Así, han recordado que los 12 meses constituyen un tope procesal «infranqueable».
«Los plazos acordados en el artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim) no son flexibles, sino imperativos o taxativos, por lo que su superación agota las posibilidades de continuar instruyendo», han añadido.
PLUS ULTRA AVISÓ QUE SU IMPUTACIÓN ERA «INVÁLIDA»
La declaración del representante legal de Plus Ultra estaba prevista para el pasado 15 de junio, pero la magistrada instructora suspendió la cita para estudiar si atendía o no a la petición de la aerolínea de anular su imputación.
La empresa pidió a la magistrada que retirara su imputación al considerar que la decisión se adoptó fuera del plazo de instrucción. «Todas las diligencias acordadas con posterioridad al 8 de abril de 2022 son nulas e inválidas», defendió la compañía en su recurso, en el que aprovechó, además, para pedir el archivo del procedimiento, como había solicitado en ocasiones anteriores.
Según la documentación a la que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía y la Abogacía comunicaron a la juez que coincidían con el argumento de Plus Ultra. Todos concluían que la imputación de la aerolínea no era válida porque se acordó fuera de plazo, dado que la causa venció el pasado 8 de abril al cumplirse un año desde que se abrió la investigación. Manos Limpias, PP y Vox instaron a seguir adelante con el interrogatorio al representante legal de la compañía.
LA INVESTIGACIÓN La titular del Juzgado llegó a citar a la aerolínea tras el careo del pasado 29 de marzo entre los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la SEPI. Ambos equipos presentaron sus conclusiones sobre la situación patrimonial de la empresa y los requisitos necesarios para optar a la subvención.
Durante el careo, los peritos independientes cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los de Deloitte y DC Advisor defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, los dos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse a raíz de un fallo técnico.
Tras aquella comparecencia de los peritos, la Abogacía del Estado remitió escrito al Juzgado para pedir -nuevamente– el archivo del procedimiento al considerar que de la diligencia «viene a confirmar» lo reiteradamente señalado: que las discrepancias existentes sobre la situación financiera de la aerolínea son de carácter «estrictamente técnico». Plus Ultra también pidió el archivo.
