La Audiencia Nacional (AN) ha dado luz verde a la Policía Judicial para que los agentes utilicen una serie de dispositivos electrónicos incautados en el marco de la ‘Operación Titella’, que tiene al productor televisivo José Luis Moreno como principal investigado, para poder perseguir con mayor eficiencia el crimen organizado.
El Juzgado Central de Instrucción Número 2 autorizó el pasado 23 de noviembre la utilización provisional por parte de los agentes de teléfonos, ordenadores y tablets para la «prevención y represión» de los delitos que persiguen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Esta decisión del instructor llega después de la solicitud del Grupo XXV de la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La Fiscalía, por su parte, no se opuso a que se permitiera a los agentes disponer de los efectos de algunos de los investigados, entre los que se encuentran el presunto ‘número dos’ de José Luis Moreno o el supuesto líder de la red de narcotráfico de ‘Titella’.
En una serie de autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el juez explica que los agentes «cuentan con diferentes equipos especializados en diferentes áreas de delincuencia y son útiles e idóneos para los mismos». En este sentido, el magistrado aseguraba que era «sobradamente conocida la limitación de medios de la administración pública frente organizaciones criminales con gran capacidad económica».
A juicio del magistrado, la «atribución y utilidad» de cara a la Policía redundaba «en beneficio de todos». «Los dispositivos electrónicos/informáticos cuyo uso se solicita es adecuado en función de su tipología a las diferentes investigaciones que se dirigen en crimen organizado, así como la necesidad existente por la falta de medios suficientes en la lucha contra el crimen organizado por parte del Estado», incide.
PIDE A APPLE QUE DESBLOQUEE LOS DISPOSITIVOS En este contexto, el juez ha oficiado a la empresa Apple para que proceda «al desbloqueo de los dispositivos» que serán utilizados por los agentes.
El instructor señala que para la adopción de una medida de este tipo «es condición necesaria que de lo actuado en la instrucción se advierta la existencia de indicios de criminalidad contra una persona».
«En esta fase inicial, sin embargo, la simple aparición de tales indicios permite y obliga al instructor a adoptar las prevenciones necesarias. En el presente caso, las diligencias de investigación practicadas ponen de relieve la existencia de una presunta organización criminal con actividad dirigida a la asociación ilícita, estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública e insolvencia punible», justifica.
El magistrado concluye explicando que corresponde ahora a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos resolver sobre la adjudicación del uso de los efectos decomisados cautelarmente y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas. «Dicha oficina deberá informar a este Juzgado de lo que hubiera acordado», apunta.
