Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha pedido a Arabia Saudí abolir la pena de muerte de los condenados por delitos de drogas, después de que mostrasen su preocupación por la posible ejecución de un ciudadano jordano de 57 años acusado por este tipo de crimen.
«Reiteramos respetuosamente nuestro llamamiento al Gobierno de Arabia Saudí para que considere establecer una moratoria oficial de todas las ejecuciones con miras a abolir por completo la pena de muerte (…) por delitos relacionados con las drogas por penas de prisión compatibles con las normas internacionales», reza un comunicado de Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
«Según el Derecho Internacional, los Estados que aún no han abolido la pena de muerte solo pueden imponerla por los ‘más graves delitos’, que implican homicidio intencional. Los delitos relacionados con las drogas no alcanzan este umbral», han indicado los expertos de Naciones Unidas.
El ciudadano jordano, Hussein Abo Al Keir, llevaba pastillas de anfetaminas después de ser arrestado en la frontera saudí en 2014. Al año siguiente, Abo fue condenado a muerte por presunto tráfico de drogas.
Mientras que ha estado en detención preventiva, el acusado habría sido torturado y obligado a firmar una confesión falsa. Tras ello, se le habría negado asistencia sanitaria y acceso a asistencia consular.
«El uso de pruebas y confesiones extraídas bajo tortura para condenar a personas en el corredor de la muerte no solo viola la prohibición de la tortura, sino que también está en conflicto con el derecho a un juicio justo en virtud del derecho internacional», han criticado los miembros del grupo de trabajo sobre la detención de Abo.
Los expertos, además, han concluido en que la privación de libertad de Abo es arbitraria, sin base legal, por lo que han pedido su liberación.
Asimismo, han alarmado de que las ejecuciones ocurren sin previo aviso. «El hecho de no proporcionar a las personas en el corredor de la muerte una notificación oportuna sobre la fecha de su ejecución constituye una forma de malos tratos», han agregado.
En el caso de que se lleve a cabo la ejecución del condenado, sería la 21 persona ejecutada en el país de la península arábiga desde principios de noviembre. De las veinte personas ejecutadas, doce han sido ciudadanos extranjeros.
«Nos preocupa que un número desproporcionado de los condenados a muerte por delitos relacionados con las drogas sean migrantes. La práctica equivale a un trato discriminatorio de los no nacionales», han expresado.
