Las negociaciones en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a los dos aspirantes al Tribunal Constitucional (TC) que competen al CGPJ han encallado por cuanto los vocales progresistas insisten en mantener la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés y sus pares conservadores en reclamar otros nombres, lo que supone que, por ahora, el único acuerdo es celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la serie de reuniones que se han sucedido desde que el Gobierno designara el pasado martes a sus dos aspirantes al Constitucional –el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez– han servido para que los portavoces progresistas y conservadores confirmen a la otra parte que se mantienen en las posiciones fijadas el 16 de noviembre.
Ese día, los vocales conservadores manifestaron a sus interlocutores la necesidad de cambiar el método de negociación. Planteaban que, en lugar de que cada bloque propusiera un candidato que fuera asumido automáticamente por el otro, ambas corrientes pusieran varios nombres sobre la mesa para elegir los dos aspirantes al TC de forma conjunta.
Este movimiento se produjo después de que el 3 de noviembre los vocales progresistas postularan a Bandrés, reduciendo así la lista de nueve candidatos que lanzaron el pasado octubre, por lo que desde este sector el cambio de reglas propuesto por los negociadores conservadores se percibe como un veto encubierto al magistrado del TS, ya que formalmente –apuntan– no han formulado tacha alguna.
En esta coyuntura, la comisión negociadora –integrada por José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador; y Álvaro Cuesta y Roser Bach, del lado progresista– se citó para el 30 de noviembre, el pasado miércoles, para intentar desatascar las conversaciones, pero dicho encuentro quedó eclipsado por la designación de Campo y Díez.
Los conservadores pidieron más tiempo a los progresistas para valorar el impacto de los nombramientos de Moncloa en las negociaciones del CGPJ y ese mismo día por la noche celebraron un cónclave interno en el que acordaron dejar la cuestión de Campo y Díez al margen –aunque algunos vocales creen que son perfiles excesivamente politizados que el Consejo debería compensar enviando al TC candidatos intachables desde la óptica de la imparcialidad–.
Resuelto el asunto de Campo y Díez, la comisión negociadora volvió a verse el jueves por la mañana. Los conservadores incidieron en reclamar a los progresistas más nombres, además de Bandrés, y estos últimos lo debatieron en una reunión interna esa misma tarde que acabó con la decisión de mantener la candidatura única de este magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Así, este mismo viernes los vocales progresistas han trasladado a sus compañeros conservadores que no están dispuestos a debatir la «idoneidad y oportunidad» de la candidatura de Bandrés, ni tampoco la «idoneidad y oportunidad» de los aspirantes que pueda anunciar el sector conservador.
PRIMERA VOTACIÓN, EL 22 DE DICIEMBRE Con todo, el único punto en el que ambos bloques coinciden a estas alturas es que el próximo 22 de diciembre habrá un Pleno ordinario en el CGPJ en el que se celebrará la primera votación sobre los nombramientos al Constitucional.
Los dos sectores del Consejo están dispuestos a votar, si bien desde ambas corrientes se advierte de que es posible que ese día no haya fumata blanca, lo que supondría postergar el eventual acuerdo a 2023. De ese Pleno, se espera que cada vocal proponga y vote lo que considere oportuno sin previo consenso, aclaran las citadas fuentes.
Aunque los vocales conservadores aún no han formalizado ningún nombre, según ha podido saber Europa Press manejan seis: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
No obstante, las fuentes consultadas indican que en realidad los mejor posicionados para conseguir el aval del conjunto del CGPJ son Tolosa y Pablo Lucas, el magistrado del TS encargado de controlar la actividad del CNI y que estaba en ese primer listado de nueve candidatos dado a conocer por los vocales progresistas.
LA RENOVACIÓN DEL TC Entretanto, el Constitucional ha optado por esperar a que el CGPJ celebre su Pleno ordinario del 22 de diciembre, descartando así examinar ya por separado a los dos aspirantes del Ejecutivo para comprobar si cumplen los requisitos legales para acceder a la corte de garantías.
Campo y Díez vendrían a sustituir al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez, pero aún quedaría por reemplazar al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y a Santiago Martínez-Vares, ya que estos cuatro magistrados forman el tercio que la Constitución encomienda renovar a Gobierno y CGPJ y cuya renovación está pendiente desde el pasado 12 de junio.
Fuentes jurídicas señalan que en estos momentos hay posturas enfrentadas dentro del TC, con una que ve posible que los dos de Moncloa superen solos el ‘placet’ del Constitucional y renovar el tercio por mitades (de dos a dos); y otra que entiende que la Carta Magna impone que la renovación se haga con el tercio completo (los cuatro a la vez).
