La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha demandado a todas las partes del Gobierno un esfuerzo negociador para culminar las leyes pendientes, al advertir de que se equivoca quien piense que la «ciudadanía está pensando en elecciones».
«La ciudadanía no está en elecciones (…) No olvidemos que todo lo que hacemos es para cambiar la vida de la gente. Yo voy por la calle y nadie me habla de elecciones, sino de sus problemas. Y aquí lo dejo por las valoraciones que se puedan hacer de uno u otro lugar», ha apuntado a los medios preguntado por las críticas de Podemos al PSOE por el bloqueo sus leyes, como la normativa Trans o la de Familias, por cálculo electoral.
Es más, Díaz ha dicho que todos cometerían un error si creen que la ciudadanía tiene en la cabeza el próximo ciclo electoral, porque su preocupación es «llegar a fin de mes», conseguir un empleo aquellos que están en paro o tener un precio de alquiler justo.
Al respecto, ha desglosado que su experiencia en la cartera de Trabajo es que hay leyes que tardan mucho en salir adelante, citando los nueve meses que costó la subida del salario mínimo interprofesional. Por tanto, ha demandado dejar trabajar a los equipos y que funcione el diálogo.
También ha explicado que el Ejecutivo de coalición lo componen dos formaciones diferentes, que tienen posicionamientos públicos distintos, como en la ley de vivienda en la que ella misma demanda su desbloqueo. Por tanto, ha enfatizado que esas divergencias son «legítimas» y hay que afrontarlas con «naturalidad».
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, alertó el martes de las señales «preocupantes» que el PSOE, tras la aprobación de las nuevas cuentas públicas, está en «cálculos electorales» a tenor del bloqueo a leyes que impulsa su espacio político.
De esa forma, elevó el tono frente a su socio al incidir en que la Ley Trans y la Familias eran «ejemplos prominentes» de retraso o intento de recorte por parte de los socialistas, sumado a otros desencuentros como Vivienda, la propuesta de aumento de años para el cómputo de pensiones, el acuerdo de Economía con las entidades financieras sobre hipotecas, la ley de Bienestar Animal o la derogación de la Ley ‘Mordaza’.
