El Gobierno de Ucrania ha redoblado en los últimos días sus llamamientos en favor de un tribunal especial que tendría como principal misión juzgar los crímenes cometidos con Rusia, una ambiciosa encomienda para la que Kiev busca el auxilio de sus principales aliados internacionales, a falta de definir dónde y cómo podrían llevarse a cabo los hipotéticos juicios.
La Constitución ucraniana establece en su artículo 125, de forma explícita, que «el establecimiento de tribunales extraordinarios y especiales no está permitido», herencia del contexto postsoviético en el que se temía una Justicia a la carta como en la URSS.
Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no duda a la hora de reclamar un «tribunal especial» para juzgar a «todos los responsables de esta guerra criminal», como enfatizó esta misma semana durante un discurso a la nación en el que apeló a la colaboración de otros países europeos.
Los expertos no ven esta demanda incompatible con la legislación ucraniana, siempre y cuando se le añada el concepto de ‘internacional’ a la corte reclamada por Zelenski, de tal forma que, aunque pudiese constituirse en Ucrania, se haga con un marco al margen del propio sistema judicial ucraniano, apunta el portal Just Security.
Zelenski ha recibido el espaldarazo clave de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que al exponer una serie de medidas planteó la creación del mencionado tribunal especial para que «los horribles crímenes de Rusia no queden impunes» y el régimen de Vladimir Putin «pague» por ellos.
En este contexto, Bruselas propone que, «sin dejar de apoyar el Tribunal Penal Internacional», se avance hacia la creación de un «tribunal especializado» respaldado por Naciones Unidas para «investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia».
Es precisamente este delito, el de agresión, en el que pone el foco también Zelenski, consciente de que señalar a Moscú por el inicio del conflicto en sí mismo no es posible bajo el paraguas del TPI, corte con la que sí quiere no obstante seguir colaborando.
El Estatuto de Roma, que dio forma al TPI, prevé la agresión como un crimen que perseguir, pero su definición no fue respaldada por todas las partes, lo que impide que pueda ejercer jurisdicción sobre él. Sólo sería posible si el país de origen del supuesto agresor, en este caso Rusia, acepta la jurisdicción de la corte.
La Fiscalía del TPI sí ha iniciado su propia investigación, por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, y Kiev ha promovido activamente estas pesquisas. No en vano, el Gobierno de Ucrania ya decidió someterse a la jurisdicción de la corte con sede en La Haya en 2014, cuando estalló el conflicto en el este del país y Rusia absorbió la península de Crimea.
Un hipotético juicio a Putin por crímenes que sí entrasen en la jurisdicción del TPI se atisba lejano, en cualquier caso, toda vez que dependería de que, en caso de resultar imputado por crímenes de guerra o contra la humanidad y de tener pendiente una orden de arresto, viajase a algún país que sí colaborara con La Haya donde pudiera ser detenido.
EL PAPEL DE LA ONU Fuentes comunitarias reconocen que, para las pretensiones expuestas por Von der Leyen, el tribunal necesitará «el respaldo a nivel político, financiero y administrativo» de Naciones Unidas, una organización que, por otro lado, tiene una mano atada a la espalda por el derecho de veto del que goza Rusia en el Consejo de Seguridad, el principal órgano ejecutivo.
Cabría la vía de interpelar al secretario general de la ONU, António Guterres, y de buscar la legitimación en la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembro y ningún país tiene derecho de veto. En la Asamblea ya ha logrado Ucrania varios espaldarazos diplomático en forma de resoluciones en estos meses.
La oficina de Guterres, por ahora, prefiere mantenerse al margen. «Cualquier decisión para establecer este tribunal, con la implicación o no de Naciones Unidas, recae en lo Estados miembro», dijo esta semana el principal portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.
El TPI también evita entrar en el debate y un portavoz consultado por Europa Press se limita a decir que el organismo «está centrado en cumplir su propio mandato». No obstante, añade: «Damos la bienvenida a cualquier esfuerzo que suponga más justicia para las víctimas, sea donde sea».
La ONU ya tiene precedente en el establecimiento de tribunales especiales, como el que reclamó Sierra Leona en el año 2000, con una petición directa al secretario general de entonces, Kofi Annan, que derivó en una resolución del Consejo de Seguridad en la que se emplazaba a negociar para constituir este mecanismo.
Tres años antes, también Camboya solicitó a la ONU ayuda para juzgar a lo líderes Jemeres Rojos. En este caso, la colaboración derivó en la puesta en marcha de un tribunal camboyano que contaba con participación extranjera y sobre el que se aplicaban estándares también internacionales.
COMIENZAN LOS CONTACTOS El Ejecutivo ucraniano ha redoblado su ronda de contactos internacionales en busca del tribunal que reclama, con encuentros en las principales europeas y también en Washington. Al frente de este grupo está Andriy Yermak, figura clave de la Presidencia y de la máxima confianza para Zelenski.
El ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, también ha acudido con el tema bajo el brazo a las reuniones de la OTAN y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), entidad esta última de la que sigue formando parte Rusia.
El Gobierno francés, que ya se ha pronunciado a favor de la iniciativa y ha confirmado el inicio de contactos con otros socios, espera «obtener el consenso más amplio posible en el seno de la comunidad internacional» para el caso de Ucrania, si bien parece claro que ya ha posiciones marcadas.
Las sucesivas resoluciones adoptadas en el seno de la ONU han dejado claro en estos últimos meses con qué aliados cuenta Rusia, bien sea gracias a un respaldo explícito o por una equidistancia como la adoptada por China, otro de los cinco países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad.
Moscú deja claro que no acatará ningún tribunal creado ‘ex profeso’ para revisar lo que sigue definiendo como «operación especial», que no deja de justificar en virtud de supuestos riesgos para la seguridad nacional. Estos esfuerzos «no tendrán legitimidad, no los aceptaremos y los condenaremos», declaró el jueves el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.
