El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha constatado desigualdades en la disponibilidad de los servicios públicos digitales en todo el territorio comunitario y confirma que los servicios públicos digitales para las empresas mostraban un mayor grado de madurez que los prestados a los ciudadanos, según el análisis de los auditores de las evaluaciones comparativas de 2017 y 2020.
Aunque la Comisión Europea ha completado su plan de acción para modernizar el sector público e impulsar la administración electrónica, los auditores advierten de que no todos los nuevos servicios públicos digitales que se han desarrollado están disponibles en toda la UE, lo que se debe principalmente a los retrasos de la aplicación en algunos Estados miembro.
Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que se adopten medidas si se producen retrasos en la consecución de los objetivos digitales nacionales, y una mejor promoción de los servicios de la administración pública entre los usuarios.
La Comisión Europea promovió, entre 2017 y 2020, la aplicación de las soluciones de la administración electrónica por parte de los Estados miembro a través de proyectos financiados por la UE, aportando apoyo técnico a las autoridades nacionales y fomentando la colaboración entre ellas.
Sin embargo, el plan de acción solo contenía medidas que la Comisión debía aplicar, mientras que los Estados miembro no estaban obligados a adoptar ni aplicar soluciones de administración electrónica desarrolladas por Bruselas, pese a que, como se señaló en una iniciativa previa relativa a la administración electrónica, el carácter voluntario de las actividades de los Estados miembro suponía una deficiencia significativa. Según los auditores, este es uno de los motivos por los que el plan tenía problemas para estar plenamente a la altura de las expectativas.
Los auditores indican que algunos países avanzaron mucho más que otros en la prestación de servicios públicos digitales aunque les fue imposible determinar si los avances estaban ligados al plan de acción o a otros factores, puesto que los indicadores existentes de supervisión usados por la Comisión no estaban directamente vinculados a las medidas aplicadas en el marco del plan de acción.
Según el análisis de los auditores de las evaluaciones comparativas de 2017 y 2020, los servicios públicos digitales para las empresas mostraban un mayor grado de madurez que los prestados a los ciudadanos, una evolución que se aceleró con la pandemia de COVID-19.
Además, con el propósito de reforzar la concienciación de empresas y ciudadanos de los servicios públicos digitales disponibles en la UE, los auditores recomiendan el desarrollo de una exhaustiva estrategia promocional en la que se tengan en cuenta las actividades realizadas por los Estados miembro a este respecto.
