El Gobierno de Honduras ha decretado a partir de la noche de este martes un estado de excepción que se prolongará al menos durante los próximos 30 días, en un intento por contener los altos índices de criminalidad, en especial en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Las autoridades han puesto el foco en algunos de los barrios más conflictivos de las dos principales ciudades hondureñas, en donde las pandillas han estado intensificando sus actividades criminales, como robos y el cobro de extorsiones.
«Debemos ser implacables contra el crimen organizado», ha manifestado el director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, durante la puesta en marcha de un operativo especial que ha arrancado con una improvisada ceremonia en un barrio del sur de Tegucigalpa.
Centenares de policías han estado desde entonces llevando a cabo registros y detenciones en algunas de estas áreas controladas por las pandillas de la Mara-18 y la Mara Salvatrucha, principales objetivos de este operativo, según ha explicado Sánchez, que ha pedido a los agentes pleno respeto por los Derechos Humanos.
A pesar de la medida, las autoridades han explicado que solo afectarán a quienes integren este tipo de organizaciones, por lo que el resto de la ciudadanía tiene plena libertad de movimientos para llevar a cabo sus actividades normales, aunque podrán ser retenidos por los agentes hasta comprobar sus identidades.
De los casi 300 municipios que conforman el país, solo dos, los de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se encuentran bajo esta medida. En la capital, son 89 los barrios que están siendo intervenidos, mientras que en la segunda ciudad son 73, informa el diario hondureño ‘La Prensa’.
El jueves de la semana pasada, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la puesta en marcha de un estado de excepción que se prolongaría al menos hasta el próximo 6 de enero debido a la «emergencia nacional» a la que se enfrentaba el país por el aumento de la delincuencia.
El decreto aprobado por Castro señalaba que «en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad» en las principales ciudades del país provocada por grupos criminales se había decidido «suspender las garantías establecidas en la Constitución» y facultar a la Policía para detener a quienes considere responsables «de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones» con delitos y crímenes.
La medida recuerda a una similar anunciada por uno de sus también convulsos vecinos, El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, donde el estado de excepción se prolonga ya desde hace más de siete meses, entre críticas y denuncias de violaciones de los Derechos Humanos de organizaciones internacionales.
