La ONG Human Right Watch ha denunciado este lunes que el Gobierno de Camboya utilizó la pandemia de la COVID-19 para encarcelar a activistas sindicales y bloquear el derecho de huelga en industrias de textiles y turísticas.
«El Gobierno camboyano y los empleadores utilizaron sin escrúpulos la pandemia de la COVID-19 como excusa para restringir aún más los sindicatos independientes, en vez de proteger el bienestar y los derechos de los trabajadores en un momento desesperado», ha afirmado el subdirector para Asia de HRW, Phil Robertson.
«A medida que los derechos laborales en Camboya retroceden, la Unión Europea, Estados Unidos y otros socios comerciales deberían usar su influencia y aumentar su presión sobre el Gobierno para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos laborales», ha instado Robertson.
Robertson ha indicado que los sindicatos y sus miembros no pueden obtener una reparación significativa por la violación de derechos laborales que han sufrido. «Los socios comerciales, las marcas internacionales de ropa que se abastecen de Camboya y la OIT deberían trabajar juntos para presionar por la creación de mecanismos efectivos de resolución de disputas que defiendan los derechos de los trabajadores», ha señalado el subdirector para Asia de la ONG.
HRW ha criticado a las autoridades de Camboya por permitir a los empleadores eludir las normas laborales, así como la Ley de Sindicatos del país por violar las obligaciones del Derecho laboral internacional para el registro de sindicatos, la realización de negociaciones colectivas o el cumplimiento del ejercicio del derecho a la huelga.
Muchos empleadores utilizaron medidas de despido de trabajadores (despidos masivos justificados por la recesión económica) para despedir a líderes y activistas sindicales, explica la ONG que ha entrevistado a varias decenas de líderes sindicales independientes y expertos laborales, incluidos representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
HRW asegura que ha documentado por el momento cinco casos de despidos injustificados contra líderes sindicales que ejemplifican el problema que denuncian en cuanto a represión sindical.
Además, las empresas del país han «seguido abusando» de los contratos de duración determinada para disuadir a los trabajadores de organizarse y evitar pagar las indemnizaciones por despido.
