La ONG Human Right Watch (HRW) ha calificado el presunto atentado mediante la explosión de un coche bomba contra un complejo policial en el sur de Tailandia de «desprecio por la vida de civiles», así como una violación del Derecho Humanitario Internacional.
Las autoridades tailandesas informaron este martes de que al menos una persona había muerto y otras 31 habían resultado heridas cuando un hombre con un uniforme similar al de la Policía condujo un vehículo hasta el interior del complejo que posteriormente explotó. De las víctimas, trece son policías y 18 civiles, entre ellos tres menores de edad.
«El bombardeo ilegal de un edificio de apartamentos repleto de policías y sus familias parecía tener como objetivo causar la mayor pérdida posible de vidas civiles», ha afirmado la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson.
La ONG señala que, como el coche bomba habría sido colocado por presuntos insurgentes separatistas, los responsables de organizar y llevar a cabo tales ataques «deben ser debidamente llevados ante la justicia».
La Policía provincial tailandesa en el sur no participa en operaciones de contrainsurgencia y son civiles, no combatientes, según las leyes de la guerra, recuerda Human Rights Watch.
Así, Pearson ha instado a que los responsables del ataque sean investigados «por aparentes crímenes de guerra», ya que los ataques deliberados contra civiles están prohibidos según las leyes de la guerra, por tanto, si se llevan a cabo con intención criminal tienen que ser investigados como tal.
HRW ha reiterado la condena que ha realizado históricamente contra las numerosas violaciones de las leyes de la guerra por parte de insurgentes separatistas en las provincias fronterizas del sur de Tailandia, conflicto que se ha extendido durante los últimos 18 años.
Asimismo, la organización ha indicado que sigue «profundamente preocupada» por las violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad y milicias del Ejecutivo tailandés, culpables de asesinatos sumarios o desapariciones forzadas, en el marco de las presuntas insurgencias de musulmanes malayos.
«El Gobierno tailandés debe reconocer que mientras las fuerzas de seguridad tailandesas puedan cometer abusos contra los musulmanes de etnia malaya con impunidad, los grupos separatistas armados explotarán eso para tratar de justificar los ataques ilegales», ha añadido Pearson, tras criticar la «arraigada cultura de impunidad».
