El Gobierno japonés ha presentado este viernes unos presupuestos anuales caracterizados por una asignación de tamaño sin precedentes al gasto militar del país de 6,8 billones de yenes (unos 48.000 millones de euros) para sustentar la nueva y agresiva política de defensa estratégica presentada la semana pasada y planeada para contrarrestar la amenaza que representa Corea del Norte y la expansión china en la región del Indo-Pacífico.
El documento se trata de la revisión estratégica más ambiciosa desde la II Guerra Mundial, una que podría anticipar un giro radical a una histórica política limitada a la «autodefensa» nacional, y por la que las fuerzas niponas acabarían capacitadas para lanzar contraataques fuera de sus fronteras.
La nueva partida de gasto en defensa para 2023 aumenta en un 26,4 por ciento respecto al año pasado Japón y representa el primer paso para romper el techo histórico de asignación del 1 por ciento del PIB al sector militar, con la intención de subirlo hasta el 2 por ciento en el año 2027, en línea con las expectativas de la OTAN, a pesar de que la salud fiscal del país es la peor entre las principales economías industrializadas, con una deuda pública que representa más del doble del PIB.
Entre las próximas partidas del presupuesto de Defensa, recoogidas por la agencia oficial de noticias Kyodo, destaca una inversión de 14.200 millones de euros para el mantenimiento del material y 5.800 millones para municiones. También contemplan una asignación de 240 millones de euros para mejorar los misiles guiados tierra-barco Tipo 12 de la Fuerza de Autodefensa Terrestre y 660 millones de euros para su producción en masa.
El Gobierno japonés también ha asignado 1.400 millones de euros para desarrollar dos nuevos destructores de la Fuerza de Autodefensa Marítima que estarán equipados con el sistema interceptor de misiles Aegis, así como 156 millones de euros para pruebas de demostración planificadas de varios tipos de drones para su uso práctico, incluidos 26 millones de euros en drones de vigilancia.
Hay que recordar que la Constitución japonesa limita enormemente las capacidades operativas de las llamadas Fuerzas de Autodefensa de Japón, que están legalmente incapacitadas, a grandes rasgos, para resolver conflictos internacionales a través de la violencia, si bien varios gobiernos japoneses han intentado, en mayor o menor medida, forzar estos límites cada vez que el país se ha encontrado amenazado por sus vecinos.
Fuente: (EUROPA PRESS)
