El Juzgado de Instrucción Penal Militar y Policial ha suspendido la orden de arresto emitida este jueves contra el comandante de la Policía de Caquetá, a quien consideraba culpable de la gestión de la crisis de seguridad que se vivió a principios de marzo, cuando decenas de policías fueron retenidos durante unos días por las guardias campesinas en la zona.
El juez encargado del caso dictó la orden de arresto contra el coronel Javier Antonio Castro después de que éste no se presentara a una citación para dar explicaciones sobre lo que ocurrió durante los disturbios en Caquetá.
Sin embargo, el juez retira ahora la orden al considerar que queda justificada la no asistencia del coronel, que ha demostrado que el fallecimiento de su padre le impidió acudir a la citación, que se ha trasladado al 31 de marzo.
Al conocerse la emisión de una orden de arresto contra el coronel, el presidente colombiano, Gustavo Petro, asumió la responsabilidad de los hechos y rechazó el arresto de Castro: ’’Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá’’.
’’Los mejores juristas internacionales en defensa de los Derechos Humanos serán contratados para defender a los oficiales de Policía que defiendan los Derechos Humanos en Colombia’’, añadió Petro.
La primera semana del mes de marzo, y tras más de un mes de protestas, campesinos de una zona rural del municipio caqueteño de San Vicente del Caguán, en plena Amazonia colombiana, irrumpieron en las instalaciones de la petrolera Emerald Energy en protesta por el incumplimiento de algunos de los compromisos que la selló con las poblaciones de alrededor, como pavimentar algunas de las vías de acceso.
Como consecuencia de los choques entre campesinos y policías, hubo dos muertos, un manifestante y un subteniente, además de 40 heridos, así como 78 policías y seis trabajadores de la petrolera retenidos. Apenas tres días después, fueron liberados.
Fuente: (EUROPA PRESS)
